Greenpeace denuncia un posible conflicto de intereses del pp en la reforma de la ley de costas

Greenpeace denunció este miércoles la existencia de un posible conflicto de intereses del Partido Popular en la reforma de la Ley de Costas, que podría beneficiar a personas relacionadas, indica la organización, con la formación política como Abel Matutes, Villar Mir y Bautista Soler.
Greenpeace hizo público hoy el informe 'Amnistía a la destrucción', donde pone de manifiesto los principales elementos perjudiciales para el medio ambiente del proyecto de nueva Ley de Costas, que está pendiente de aprobación en el Congreso, y señala a los posibles beneficiarios de determinados articulados de la misma.
La organización ecologista denuncia que el proyecto de ley busca privatizar la costa por parte de empresas y propietarios sobre terrenos públicos que pasan a manos privadas.
"Durante el periodo 2004-2011, tras ser ministro, Arias Cañete ha repartido su tiempo y sus intereses entre el Congreso de los Diputados y sus negocios privados en sectores varios, como en las petroleras Dúcar o Petrologis Canarias", recuerda.
Añade que en 2004, cuando Arias Cañete dejó de ser ministro de Agricultura, fue nombrado consejero de la promotora Bami Newco junto a algunos de los principales empresarios del ladrillo, como Joaquín Rivero, Bautista Soler o Ignacio López del Hierro. En 2011, antes de volver a la cartera, el ministro renunció a su puesto como consejero en Bami pero se reservó una acción.
En opinión de Greenpeace, estos datos demuestran que la carrera de Cañete no está ligada a la protección del medio ambiente, sino a unos intereses muy distintos.
La organización señala también que Abel Matutes, exministro de Exteriores del PP y actual vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE, ha llegado a declarar sobre la reforma de la Ley de Costas que "es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho" y, dada la disposición transitoria primera del proyecto de Ley, en la que se excluye del dominio público marítimo-terrestre a las salinas y zonas inundadas destinadas a cultivos marinos, "no cabe duda".
"Abel Matutes tiene importantes intereses empresariales en estos tramos de costa, como 25 salinas en la Bahía de Cádiz o la empresa Aquacria de Arousa. Su colega y expresidente de Baleares con el PP, Gabriel Cañellas, es también dueño de muchas propiedades en Formentera, indultada de la aplicación de la ley, o las Salinas de Ibiza y San Pedro del Pinatar (Murcia)", explica Greenpeace.
Según la organización ecologista, otro empresario relacionado con el Partido Popular es el exministro Juan Miguel Villar Mir, que posee, a través de su grupo empresarial, entidades asentadas sobre márgenes de diferentes rías, como Fertiberia, en Huelva, o Ferroatlántica, en Boo (Cantabria).
"Estas industrias asentadas en dominio público marítimo-terrestre con concesiones de actividad, en el caso de Ferroatlántica, que caducarían con la vigente Ley de Costas en 2018, se ven beneficiadas de los recortes de la nueva ley, tanto por la reducción de la protección de las rías de 100 a 20 metros como por la extensión de las concesiones durante 75 años más", señala.
Por último, Greenpeace relaciona los posibles intereses de constructores ligados al PP. Así, indica que Bautista Soler es el promotor de 10 edificios en la playa de la Patacona (Alboraia, Valencia), que podrían verse beneficiados de la disposición adicional tercera, en la que los terrenos situados detrás de un paseo marítimo podrán ser privados.
"Bautista Soler es socio y amigo de otros empresarios del ladrillo como el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, o Joaquín Rivero, relacionado con una polémica promoción en Puerto Sherry (Puerto de Santa María, Cádiz) en primera línea de mar sobre terrenos vírgenes. Todos ellos han estado relacionados junto a Arias Cañete en la inmobiliaria Bami Newco", insiste.
Por todo ello, Greenpeace pide al Gobierno que no continúe con la reforma de la Ley de Costas y que cualquier modificación de la norma de 1988 cumpla escrupulosamente los numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre los deslindes ejecutados y con la ciencia existente sobre cambio climático, erosión marina y protección de los ecosistemas.