Viernes, 20.09.2019 - 08:22 h
Patrimonio promoverá acciones en los Registros

Moncloa publicará las calles y plazas de la Iglesia para que los municipios reclamen

El Gobierno ultima los trámites para ayudar a los consistorios a liquidar el IBI de determinados bienes de la Iglesia que tienen uso lucrativo.

La vicepresidenta Carmen Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin
La vicepresidenta Calvo y el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. / EFE

El Gobierno de Pedro Sánchez ultima una ofensiva contra la Iglesia católica. El objetivo de Presidencia es recuperar una buena parte de los bienes inmatriculados y, además, poner fin a determinadas "ventajas" de las que actualmente disponen las diferentes diócesis en materia fiscal. Las gestiones las está capitaneando Vicepresidencia, en estrecha colaboración con los Ministerios de Hacienda y Justicia. Por ello, la visita de este lunes de Carmen Calvo a El Vaticano ha sido determinante para explicar en primera persona a la Santa Sede cuáles serán los próximos pasos que dará el Ejecutivo socialista en esta materia.

La revisión de todas las propiedades que la Iglesia española ha registrado como suyos en los últimos años era una de las claves de la reunión de Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin. El Gobierno ha dejado muy claro al alto responsable católico que se va a promover una acción administrativa y judicial, de la mano de la Dirección General de Patrimonio del Estado -dependiente del Ministerio de Hacienda- para que todos los bienes de dominio público (calles, plazas, aledaños de las iglesias, etc.) que la institución se autoadjudicó en el Registro de la Propiedad en las últimas décadas vuelvan a ser de titularidad pública. 

Para ello, la estrategia del Gobierno socialista pasa, en primer lugar, por hacer público el listado que se está ultimando con los bienes inmatriculados por la Iglesia (se tienen datos de unos 40.000, según han admitido desde la jerarquía eclesiástica), para que los ayuntamientos puedan proceder a su reclamación cuando se trate de lugares públicos que no se usan para el culto.

Una vez publicado ese listado, que jamás se ha conocido y que hasta la Conferencia Episcopal asegura no poseer, la previsión es que sea Patrimonio del Estado quien envíe una nota al oportuno Registro de la Propiedad. En esa comunicación, y de acuerdo con el ayuntamiento correspondiente, Patrimonio aclarará la situación en el Registro de esos lugares aportando, incluso, el título que acredita ese bien como un lugar de dominio público. El Registro, por su parte, se encuentra obligado a denunciar ese hecho ante el juez para instar a que se anule la inmatriculación anterior y quede contemplada la que se considera legal.

El Estado aspira, con la publicación de este listado, a recuperar buena parte de los bienes inmatriculados de la Iglesias. "Sería una especie de devolución", admiten fuentes implicadas en el proceso. En este listado, añaden, se incluirán tanto los bienes inscritos a partir del año 1998, cuando se reformó la Ley Hipotecaria para poder inscribir los lugares destinados al culto católico, como aquellos bienes 'autoadjudicados' en años posteriores

Obligar al pago del IBI 

Otra cuestión de la que también se ha hablado en Roma es de los edificios y bienes de titularidad de la Iglesia (no de dominio público), que también van a aparecer en el listado público que está a punto de terminarse, de forma que cuando no se dediquen al culto de la religión católica (como es el caso de colegios o gimnasios), cada ayuntamiento pueda proceder a liquidar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), una tasa que a día de hoy se cobra en contadas localidades. En la relación, por tanto, aparecerán bienes como la Mezquita de Córdoba, la Seo de Zaragoza o la Catedral de Sevilla, entre otros.

La publicación de los bienes inmatriculados, por tanto, animará a los diferentes consistorios a poder cobrar ese tributo a las diferentes diócesis. Fuentes del Gobierno confirman que Moncloa y Justicia procederán a "identificar esos bienes" ya que la gestión censal es responsabilidad de la administración censal y que serán los ayuntamientos quienes tengan que proceder a cobrar el IBI correspondiente.

Las fuentes implicadas afirman que otra de las posibilidades que se abrirán con la publicación del listado de bienes inmatriculados de la Iglesia será abrir la puerta a la revisión de algunas de las herencias que la Iglesia ha recibido en las últimas décadas. Según fuentes jurídicas conocedoras del proceso, esa opción puede alertar a otros legítimos herederos de la situación de determinadas propiedades que en su día no pudieron recibir, aunque les correspondería. Éstos podrán iniciar a partir de ese momento un proceso legal para intentar recuperar esos bienes.

Fin a los "beneficios fiscales"

Desde que Pedro Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE, primero, y a la Presidencia del Gobierno, más tarde, se propuso también acabar con determinados "beneficios fiscales" de los que goza a día de hoy la Iglesia católica. Fuentes cercanas a Moncloa hablan de exenciones, bonificaciones y subvenciones contempladas en los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede. El objetivo del Gobierno es denunciar el Concordato y caminar hacia la autofinanciación de la Iglesia.

El PSOE ya venía advirtiendo en la oposición de que si llegaba al Gobierno iba a acometer las reformas oportunas para separar la línea que une a la Iglesia católica y al Estado y apostar por la "neutralidad religiosa". Siempre "desde el respeto a todas las creencias", indicaban fuentes de Ferraz. "No es cuestión de perseguir a nadie, sino de defender el Estado laico", añadían en su día. Es más, en las resoluciones aprobadas en el 39 Congreso federal de los socialistas del verano de 2017 ya se contemplaba en el apartado dedicado al "Marco estratégico, ponencia política y social" el siguiente objetivo: "España debe consolidar su condición de Estado laico que garantiza los valores, derechos y libertades civiles, adecuando su legislación a las características propias de una sociedad abierta, plural y compleja, en la que se respetan las convicciones y expresiones ideológicas, religiosas, culturales y de género de todos los ciudadanos".

    

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