El Tribunal Supremo acoge desde este martes el mayor juicio celebrado en la historia de la democracia en España contra doce líderes independentistas por dar luz verde a las leyes de desconexión del territorio catalán. La Fiscalía pide penas de hasta 25 años de prisión en el caso de Oriol Junqueras, en un procedimiento judicial sin precedentes y en el que los acusados intentarán demostrar desde el mismo arranque una vulneración sistemática de las garantías procesales con el fin último de llevar el conflicto independentista al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH).
Según fuentes del caso, las defensas aprovecharán esta primera sesión de cuestiones previas para poner el foco en asuntos que, según consideran, podrían apuntalar su camino hacia Estrasburgo cuando se termine el proceso judicial en España. De esta forma, ante la posibilidad de prestar declaración en catalán, se pedirá que la traducción sea simultánea ya que, si por el contrario es consecutiva, la impugnarán por considerarla un ataque a su estrategia de defensa. También expondrán al tribunal dirigido por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que la inadmisión de determinada prueba documental o la premura con la que se fijó este martes como fecha de arranque del juicio les pone en una clara situación de indefensión.
Con todo, y aunque desde el banquillo de los acusados se pretenda dar una imagen de coordinación y unidad en lo que respecta al respaldo de la actuación del gobierno de Carles Puigdemont y la Mesa del Parlament, existen determinadas cuestiones que casi con total probabilidad evidenciarán división entre los líderes del PDCat y de ERC. De esta forma, es probable que surjan divergencia en lo que se refiere al lugar que se habilite para los acusados. De hecho, mientras algunos pedirán ubicarse con sus letrados, otros optarán porque se les sitúe en el tradicional banquillo con el fin de mostrar una imagen al exterior en clave diferente. Todo ello evidencia un importante trasfondo político del procedimiento judicial, agrandado, además por el otro gran foco mediático de la semana: la negociación 'in extremis' de la aprobación de los presupuestos, supeditada al sector independentista.
Fuentes del alto tribunal explican a este diario que son conscientes de este aspecto concreto y de que, efectivamente, existe riesgo real de que el procedimiento acabe salpicado por el contexto político. No obstante, asumen el reto de enjuiciar la deriva independentista con responsabilidad pero también con la tranquilidad de haber hecho lo que está en sus manos para que este juicio, a todas luces inusual en la historia de España, transcurra de la mejor manera posible. No hay que olvidar que la atención no solo estará puesta en el interior del Salón de Plenos sino también a las puertas del alto tribunal, donde este martes se darán cita determinados miembros del Govern como su presidente Quim Torra; además de representantes de partidos independentistas catalanes; de las entidades soberanistas ANC y Òmnium y una abundante delegación de periodistas venidos de toda Europa.
Mientras el ambiente de la Plaza de la Villa de París centra la atención de la antesala del juicio, dentro del edificio del Supremo los abogados de los acusados cerrarán los últimos flecos con sus clientes, después de que estos sean transportados desde los calabozos de la Audiencia Nacional (ubicada a escasos 50 metros del edificio) tras su traslado a primera hora de las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco. Los únicos que harán su entrada andando son los exconsejeros Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila, debido a su situación de libertad provisional. Sea como fuere, todos ellos conocen a la perfección la composición del tribunal al que se enfrentan.
Técnicas de interrogatorio para enfrentarse al tribunal
De hecho, fuentes del caso aseguran que hasta se han visualizado vídeos de esta misma Sala en acción y se han dado técnicas acerca de cómo afrontar el interrogatorio, el cual se podría comparar por su similitud al que fue sometido el exconsejero de Presidencia de Cataluña Francesc Homs en el juicio que acogió este órgano por prevaricación y desobediencia tras la consulta organizada por el Ejecutivo de Artur Mas el 9 de noviembre de 2014. La complejidad en este caso concreto reside en el abanico de delitos que las tres acusaciones (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox) atribuyen al exgobierno de Puigdemont, a los entonces miembros de la Mesa de Parlament y a los bautizados como los 'Jordis' por aprobar la ley de transitoriedad jurídica y celebrar el referéndum del 1-O, prohibido por el Tribunal Constitucional.
Precisamente la tipificación de estos hechos acerca de si son constitutivos del delito de rebelión (como considera la Fiscalía) de sedición (como entienden los servicios jurídicos del Gobierno) o de desobediencia va a ser la piedra angular del procedimiento, en el que la acusación más férrea la ejerce Vox al imputa organización criminal a todos ellos, lo que hace que el rango de penas aumente hasta los 74 años en el caso de Junqueras. Con todo, también hay otro fleco que colea y es el relativo a la malversación de caudales públicos; aunque las acusaciones consideran que la deriva independentista se costeó con dinero público (el cual también acabó derivando en las asociaciones de Òmnium, ANC y AMI), no hay una cifra cerrada en torno a la cuantía total que se distrajo desde las arcas públicas para sufragar todos estos hechos por los que los doce acusados comienzan a responder por la vía penal desde este mismo martes.
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