La llegada de un nuevo Gobierno, además de provocar una avalancha de peticiones y hasta de reclamaciones, desata temores. Especialmente en sectores cuyos resultados económicos se pueden ver afectados por el BOE. Un ejemplo son las grandes industrias consumidoras de electricidad. Algunas de ellas han manifestado su temor a que con la llegada del nuevo Gobierno lleguen también cambios en el sistema de subvenciones de su factura eléctrica -interrumpibilidad-, que ha repartido desde 2008 en torno a 4.400 millones.
Empresas como Alcoa han manifestado su descontento y preocupación por el funcionamiento del sistema. El mensaje ha llegado a los Gobiernos autónomos de las comunidades en las que trabaja. PSOE y Podemos cuestionaron el sistema en enero en el Congreso y la llegada del nuevo Ejecutivo socialista ha alimentado el miedo empresarial a nuevos recortes. La información ha tratado de conocer las intenciones del nuevo Ministerio de Transición Ecológica al respecto, sin conseguirlo.
Tanto la CNMC como las autoridades de Bruselas quieren que se modifique el denominado sistema de interrumpibilidad en España. La citada interrumpibilidad es un mecanismo que se concibió como un gatillo de seguridad: las grandes empresas consumidoras de electricidad accedían a desconectarse de la red en caso de necesidad a cambio de pagos que compensaban, supuestamente, precios más caros que en otros países. Una cuestión de justicia económica según las empresas y una subvención encubierta según Bruselas.
En los últimos ejercicios, a trancas y a barrancas, entre parches y presiones, el Gobierno modificó el sistema con dos objetivos: abaratarlo y justificarlo. En lugar de pagar sólo por la disposición a desconectarse de la red -algo que sucedía de forma excepcional-, las empresas aceptaban interrupciones del servicio por criterios económicos dictados desde el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE). Con el compromiso de consumir al menos el 50% de la energía eléctrica en horas valle -noches, fines de semana, festivos...-.
Para adjudicar las compensaciones, en 2014 se introdujo un sistema de subastas que fue retocado tres años después. Desde entonces, las empresas tienen que pujar en subasta sobre dos productos de potencia interrumpible: uno consistente en reducciones de consumo de 5 MW y otro de 40 MW. Todo mediante un sistema informatizado de subastas de precio descendente gestionado por REE.
El problema es que las subastas no gustan a nadie. Bruselas recela y España está bajo la lupa de la Comisión Europea, junto a Alemania, Francia, Italia, Polonia, Suecia, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Irlanda y Croacia por utilizar mecanismos en el sistema eléctrico para favorecer indebidamente a productores y empresas.
Con el gesto torcido
También la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) tuerce el gesto. En el último informe publicado en abril y referido al sistema de subastas hasta fin de año, Competencia afeó la nula disposición del anterior ministro de Energía a cambiar el sistema. "Durante el primer periodo (enero-mayo) el Ministerio de Energía (MINETAD) no ha llevado a cabo la anunciada revisión del mecanismo de interrumpibilidad para cumplir con la normativa europea" sostenía en el informe, y concluía: "La CNMC ya advirtió al MINETAD el pasado noviembre sobre el elevado coste que implica este mecanismo" y "considera que estas subastas son complejas y que sus costes triplican las del gas y electricidad".
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), en la que se integran compañías como Alcoa, Acerinox o Arcelor Mittal -hasta un total de 26-, asegura que como asociación no ha tratado la cuestión de la interrumpibilidad. Su director general, Fernando Soto, asegura que si se tiene que rediseñar el mecanismo, AEGE colaborará. Todo, asegura "para mantener una industria potente que compita en pie de igualdad con países como Francia o Alemania".
Soto reclama el reconocimiento de la figura de "consumidor electrointensivo" que ya existe en Francia o Alemania y que conllevaría el reconocimiento de incentivos a las empresas que, en su opinión, podrían complementar los pagos por interrumpibilidad, en ningún caso sustituirlos.
Muy al contrario, la asociación considera que la interrumpibilidad favorece la eficiencia del sistema eléctrico y no es un artificio propio de España. Según AEGE, está implantada otros sistemas eléctricos europeos. La prueba de que funciona, sostiene, es que en lo que va de 2018, se han emitido ya más de 600 órdenes de interrupción por criterios económicos.
La industria destaca que el precio medio de cierre estimado para 2018 para la industria será de 58,6 €/MWh -el más alto de los últimos 10 años-, un 46% mayor que el de Alemania. Es el gran argumento para solicitar medidas urgentes y para pelear por una retribución que en 2017 fue de 373 millones. Un dinero.
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