Un inversor clave de Pescanova presiona a Mapfre y solicita más fianza por el caso

  • El fondo Luxempart insta al juez a rectificar la cuantía inicial de 36,5 millones para la aseguradora de BDO, firma que auditó las cuentas falseadas.
Imagen edificio de Pescanova
Imagen edificio de Pescanova
EFE

Las estratosféricas fianzas que impuso el magistrado José de la Mata a los presuntos responsables del descalabre de la vieja Pescanova no son suficientes para algunos de los accionistas más perjudicados por la quiebra de la mercantil viguesa. Es el caso del fondo Luxempart que ha pedido al instructor que incremente hasta los 48 millones de euros la fianza interpuesta a la aseguradora Mapfre tras las pérdidas millonarias que sufrió con su inversión en la pesquera.

En concreto, la mercantil perdió 52 millones de euros que invirtió en la compra de acciones entre 2011 y 2012; los años que están bajo la lupa del instructor por ser los que se falsearon supuestamente las cuentas. Por ese motivo, el inversor considera que no son suficientes los 36,5 millones que De la Mata interpuso a Mapfre debido a su condición de aseguradora de la firma BDO y su socio auditor Santiago Sañé. Precisamente, ambos se sentarán en el banquillo de los acusados por dar el visto bueno a los estados contables de esos ejercicios.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional zanjó la investigación por el hundimiento del gigante pesquero y dictó apertura de juicio oral el pasado mes de junio aunque no ha sido hasta hace unas semanas cuando, tras acordar las últimas diligencias de la macrocausa, la envió a la Sala de lo Penal para su enjuiciamiento. Un total de 19 personas -entre ellos su expresidente Manuel Fernández de Sousa- y 12 sociedades tendrán que responder por alterar las cuentas que se presentaron al mercado para tapar pérdidas que alcanzaron, a finales del ejercicio de 2012, los 790 millones de euros.

Plan del expresidente para mantener el poder

Algunas víctimas de estos tejemanejes urdidos desde la cúpula del Grupo son los accionistas que, "seducidos por la imagen irreal de empresa solvente" confiaron en Pescanova e invirtieron, en el caso del fondo luxemburgués, 52 millones de euros en la compra de 1.677.507 acciones y 170 bonos. Cabe destacar cómo el juez defiende a este fondo de otros inversores de menor calado asegurando que, en su caso concreto, la estafa en cuestión se produjo debido a la "asechanza personal" de Fernández de Sousa.

De hecho, asegura que el entonces presidente, consciente de la desinversión que se iba a producir por parte de Novocaixagalicia en Pescanova y de cara a evitar que un tercero pudiera adquirir un control suficiente como para que peligrase su permanencia al frente del Grupo, "urdió un plan" que pasaba por buscar contactos con importantes inversores, como es el caso de Luxempart o Silicon Metals Holding, para que entraran a formar parte del capital, desfigurando para ello la verdadera imagen del patrimonio. 

Es por ese motivo por lo que el fondo no se conforma con los 1.000 millones de euros en fianzas que impuso De la Mata a los principales acusados en caso de que tengan que responder con su patrimonio si fueran declarados culpables de los delitos que se les imputan (entre ellos falseamiento de cuentas, estafa y blanqueo de capitales). Al respecto, el citado inversor pidió al instructor que corrigiera su auto de apertura de juicio oral modificando la cuantía concreta interpuesta a Mapfre y aumentándola en 11,5 millones de euros. Requerimiento que la aseguradora tilda de "inadmisible"ya que asegura que el límite máximo de cobertura de póliza suscrita con los auditores es de 16 millones de euros.

Precisamente BDO ha sido auditora del gigante pesquero desde el año 2002. De acuerdo con el juez instructor, se produjo una reformulación de las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011 tanto de Pescanova como del Grupo y en ellas se afirmó que "reflejaban la imagen fiel"de la situación financiera pese a que hicieron constar "magnitudes completamente contrarias a la realidad". En ambos casos tanto BDO como su socio auditor Sañe Figueras dieron el visto bueno a los estados.

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