Italia deniega indemnización al exfiscal militar chileno Alfonso Podlech

  • El Tribunal Supremo italiano denegó hoy la indemnización reclamada por el que fuera fiscal militar durante la dictadura chilena, Alfonso Podlech, encarcelado en Italia en 2008 acusado de "secuestro, tortura y homicidio" y absuelto 3 años después.

Roma, 10 nov.- El Tribunal Supremo italiano denegó hoy la indemnización reclamada por el que fuera fiscal militar durante la dictadura chilena, Alfonso Podlech, encarcelado en Italia en 2008 acusado de "secuestro, tortura y homicidio" y absuelto 3 años después.

Los medios locales informaron de que, de este modo, los magistrados de dicha Corte revalidaron la negativa del Tribunal de Apelación de Roma de concederle la indemnización que reclamaba, de 500.000 euros.

Podlech, acusado de la desaparición en la cárcel chilena de Temuco (sur) del exsacerdote de origen italiano Omar Roberto Venturelli, fue extraditado a Italia tras ser detenido el 27 de julio de 2008 en el aeropuerto madrileño de Barajas por orden del por entonces juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

Su nombre estaba entre las 140 órdenes internacionales de arresto y extradición emitidas por la Justicia italiana un año antes contra los acusados de la desaparición de una veintena de italianos en el marco de la "Operación Cóndor", el plan orquestado por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 y 1980 para eliminar a la oposición política.

Después de tres años preso en la cárcel capitolina de Rebibbia, fue absuelto en julio de 2011, cuando un tribunal romano retiró los cargos de secuestro y tortura por "prescripción de delito" y el de homicidio "por falta de pruebas".

Venturelli fue un exsacerdote chileno y militante del movimiento chileno "Cristianos por el socialismo" que desapareció en 1973, durante la cruenta represión que siguió al golpe de Estado del militar Augusto Pinochet.

En la actualidad, Italia continúa investigando la desaparición de 23 ciudadanos italianos desaparecidos por entonces durante las dictaduras de países como Bolivia, Chile, Perú y Uruguay.

Por esta razón, el juez de la audiencia preliminar Alessandro Arturi determinó el pasado mes el envío a juicio de 20 miembros de las Juntas Militares de dichos países.

Los imputados son el general boliviano Luis Gómez Arce, jefe del Segundo Departamento de Inteligencia del Estado Mayor entre 1979 y 1980; y los chilenos Juan Manuel Guillermo Sepúlveda Contreras, exjefe de la DINA (aparato represor de Pinochet); Daniel Aguirre Mora, exprefecto de la Policía; y el militar Sergio Víctor Arellano Stark.

Además, los también chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo (brigadier); el expolicía Carlos Luco Astroza; el coronel Marcelo Luis Moren Brito, el suboficial Orlando Moreno Vásquez y el coronel Hernán Jerónimo Ramírez; el coronel Rafael Francisco Ahumada Valderrama, el excomandante Luis Joaquín Ramírez Pineda y el brigadier Manuel Vásquez Chahuan.

Los peruanos son el expresidente Francisco Morales Bermúdez; el coronel Martín Martínez Garay y los generales Germán Ruiz Figueroa y Pedro Richter Prada.

Los uruguayos son Juan Carlos Blanco; el teniente Ricardo Eliseo Chávez Domínguez; el general Iván Paulós y Pedro Antonio Mato Narbondo, este último fugado a Brasil, donde se casó con una brasileña.

El juicio comenzará en Roma previsiblemente el 15 de febrero del próximo año.

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