Las investigaciones en la Audiencia Nacional por las estafas millonarias relacionadas con criptomonedas van avanzando a buen ritmo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, es el encargado de instruir el caso relacionado con la empresa Arbistar 2.0, cuyo dueño, Santiago Fuentes, es el principal imputado por, presuntamente, haber liderado la "mayor trama piramidal" en inversiones en moneda virtual. Debido al elevado número de afectados que acumula este procedimiento, el magistrado ha acordado concentrar en 10 acusaciones a los más de 5.900 perjudicados personados, de momento, en esta causa.
Según indicó el juez instructor en el auto por el que aceptó la competencia para investigar este caso, después de que un juzgado de Arona (Tenerife) -donde se inició la investigación- se inhibiera en favor de la Audiencia Nacional debido a la magnitud del asunto, la operativa presuntamente delictiva habría causado un perjuicio económico de más de 41 millones de euros, aunque podría alcanzar los 100 millones. Asimismo, subrayó que el número de afectados podría crecer hasta 32.000 víctimas.
Ante esta situación, el magistrado Calama decidió a mediados del pasado septiembre "establecer en diez el número de agrupaciones de acusaciones particulares". Así para poder organizarlas, pidió a las representaciones procesales personadas hasta el momento que detallaran el número de individuos a los que representan y el importe del perjuicio que ha sufrido cada una de las víctimas, entre otros datos. Una vez recabada toda esta información, en un auto con fecha del pasado 20 de septiembre al que ha tenido acceso La Información, el juez instructor explica que ha otorgado la dirección letrada a aquellas representaciones que tienen un mayor "número de perjudicados" y "perjuicio directo total causado". En este sentido, señala que, atendiendo a la "proporcionalidad" de estos criterios cuantitativos, en el caso de que dos o varias de ellas tuvieran parámetros similares, considera que tiene preferencia para ejercer la acusación aquella que defiende un mayor perjuicio económico.
Tras asentar qué representaciones tendrán "protagonismo procesal" para participar en el procedimiento, el magistrado también ha dado la posibilidad al resto de abogados perjudicados para que elijan con cual de las 10 acusaciones particulares establecidas quieren integrarse. Eso sí, consciente de que esta decisión de concentrar a las partes puede suponer "una cierta limitación del derecho de defensa", el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha aclarado que esta decisión no supone una expulsión de la instrucción, sino una personación en estado de "latencia". En este sentido, ha permitido a todos los abogados que no tienen la posibilidad de participar directamente en el procedimiento que puedan seguir teniendo acceso a toda la documentación que se aporte al sumario de la causa.
Esta no es la única medida que el magistrado Calama ha acordado para evitar una posible "dilación" del proceso y retrasar un posible enjuiciamiento. El pasado mes de julio dividió la causa en dos partes para analizar, por un lado, la comisión de delitos de estafa agravada y organización criminal; y, por otro, acumuló los delitos que "requieren una instrucción más prolija y compleja", como son el blanqueo de capitales y la falsedad documental. Según apostilló el juez, para el esclarecimiento de estos últimos delitos es necesario reclamar información a otros países mediante comisiones rogatorias, lo que "ineludiblemente dilatará el curso de la investigación".
El 'modus operandi'
El caso 'Arbistar' se encuadra dentro de un presunta estafa de tipo 'ponzi', según indicó el juez en la resolución por la que dio inicio a la investigación en la Audiencia Nacional. En ella describe el 'modus operandi' que siguió la presunta trama criminal y señala que todo comenzaba con la creación de una cuenta virtual por parte de los inversores para poder realizar la compraventa de criptomonedas y dar de alta un monedero electrónico donde almacenarlas.
Al mismo tiempo, debían crear un usuario en 'Exchange Coinbase' -plataforma de comercio de criptodivisas con sede en San Francisco (California), que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países- y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la plataforma en Estonia. Tras ello, los clientes debían hacer aportaciones a los monederos electrónicos de Arbistar 2.0 SL, que se quedaban con ese dinero al menos durante los dos meses siguientes, provocando que el usuario perdiera todo control sobre la inversión.
El éxito de la trama era el 'boca a boca', pues a la promesa de ganar entre el 8 y el 15% mensual con una inversión se unía a la posibilidad de ir sumando la rentabilidad o bien optar por el reembolso. Ello fue lo que permitió a la trama "atraer a nuevas personas que al ver que los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores" se animaban a participar. "Pero lo que se hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores", advirtió el juez en dicho auto.
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