El juez José Luis Calama ha decidido dividir en dos partes una de las causas sobre estafas millonarias con monedas virtuales que en estos momentos se investiga en la Audiencia Nacional. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, que instruye los hechos relacionados con la "mayor trama piramidal" en relación con la inversión en criptomonedas, ha acordado abrir una pieza separada para incluir en ella todo lo relacionado con los presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental y evitar retrasar un posible enjuiciamiento por la posible comisión de un delito de estafa agravada y organización criminal.
El juez Calama investiga desde el pasado mes de abril la operativa presuntamente delictiva que llevó a cabo la empresa Arbistar 2.0, bajo el liderazgo de Santiago Fuentes, y que habría causado un perjuicio económico de más de 41 millones de euros, aunque podría alcanzar los 100 millones. La causa se inició en un juzgado de Arona (Tenerife), que se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la magnitud del asunto. Desde entonces se han tramitado todas las diligencias de forma conjunta para todos los delitos atribuidos a los investigados, si bien en un auto, con fecha del pasado 12 de julio, al que ha tenido acceso La Información, el magistrado explica la pertinencia de abrir un procedimiento paralelo para acumular aquellos delitos cuyo análisis es más "prolijo".
El instructor explica en su resolución que mientras la norma establece que unos mismos hechos deben ser enjuiciados en un mismo procedimiento, "hay casos en los que la regla del enjuiciamiento conjunto de los delitos conexos no es una regla imperativa y de orden público", por lo que debe cederse a las razones de "simplificación o rapidez". En este sentido, recuerda que el artículo 17.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) señala que "los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa" siempre y cuando no sean de "excesiva complejidad" o suponga una "dilación para el proceso".
En este caso concreto de la presunta estafa de tipo 'ponzi' que realizó Arbistar 2.0, el magistrado entiende que pese a que todos los delitos que se investigan están relacionados entre sí, "constituyen hechos independientes" y que, por tanto, todo lo relacionado con el fraude se puede separar, "sin romper la continencia de la causa", del presunto blanqueo de capitales. Así, para justificar la división de la causa, señala que la instrucción de los hechos susceptibles de constituir un delito de estafa y organización criminal podría efectuarse con "relativa celeridad", al contrario que todo lo relativo a un delito de blanqueo de capitales, falsedad documental, y otros delitos instrumentales, que "requieren una instrucción más prolija y compleja", puesto que para su esclarecimiento es necesario reclamar información a otros países mediante comisiones rogatorias, lo que "ineludiblemente dilatarán el curso de la investigación".
Miles de personas perjudicadas
El número de perjudicados por la trama liderada por Santiago Fuentes asciende a más 1.120 personas, una a cifra que podría crecer hasta 32.000 víctimas. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, en el auto por el que asumió la competencia para investigar este caso, destacó este dato para resaltar que se podría estar "ante la mayor trama piramidal cometida hasta el día de la fecha en relación con la inversión en criptomoneda", pues el asunto ya ha pasado por más de 30 audiencias provinciales.
Dicha resolución explica cuál fue el 'modus operandi' para llevar a cabo el engaño. Según describió el instructor, los inversores debían que crear una cuenta virtual para realizar acciones de compra venta y dar de alta un monedero electrónico donde almacenar criptodivisas. Al mismo tiempo, debían crear un usuario en 'Exchange Coinbase' -plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco (California), que ofrece servicio de intercambio de criptomonedas y monedas fiduciarias en alrededor de 32 países- y efectuar una transferencia por el valor de su inversión a una cuenta bancaria de la plataforma en Estonia. Tras ello, los clientes debían hacer aportaciones a los monederos electrónicos de Arbistar 2.0 SL, que se quedaban con ese dinero al menos durante los dos meses siguientes, provocando que el usuario perdiera todo control sobre la inversión.
El éxito de la trama era el 'boca a boca', pues la promesa de ganar entre el 8 y el 15 por ciento mensual con una inversión, unido a la posibilidad de ir sumando la rentabilidad o bien optar por el reembolso. Ello fue lo que permitió a la trama "atraer a nuevas personas que al ver que los beneficios casi inmediatos que percibían los anteriores inversores" se animaban a participar. "Pero lo que se hace es pagar los intereses de los inversores con el capital que no se invierte o con el de los nuevos inversores", adviertió el juez.
Otras causas en la Audiencia Nacional
Esta no es la única causa por presunta estafas con criptomonedas que investiga la Audiencia Nacional. El recién llegado al Juzgado Central de Instrucción número 1, el juez Santiago Abascal, ha 'heredado' la causa abierta contra Algoritmhmics Group y contra su creador Javier Biosca -en prisión provisional tras ser detenido en Torrox (Málaga) por una orden de busca y captura que pesaba contra él- además de su mujer Paloma Gallardo y el hijo de ambos, Sergio. Todos ellos investigados por crear una empresa para la inversión en moneda virtual, cuya forma de operar y resultado fue similar al de Arbistar.
Por otro lado, el juez Joaquín Gadea, refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, se encarga de una tercera causa relacionada con la mercantil Kuailian. Según el auto por el que este magistrado admitió la causa el pasado mes de abril, los investigados idearon un sistema "piramidal" de inversión en criptomonedas ethereum que publicitaban por redes sociales y en el que se ofertaba un producto denominado 'kuais' con un contrato de 1.000 días de duración.
