Martes, 10.12.2019 - 14:23 h
Por amaño en adjudicaciones

El juez del caso Lezo investiga nuevas mordidas de OHL en una pieza secreta

El magistrado de la Audiencia Nacional abre nuevas pesquisas pese a que ya investiga al expresidente de la constructora en la pieza 3 de la causa. 

El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir
El expresidente de OHL intentó apartar al magistrado instructor de la causa/EP

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha abierto una pieza dentro del procedimiento Lezo para investigar nuevos casos de presuntas mordidas que habría abonado la constructora OHL para obtener a cambio adjudicaciones públicas en diferentes territorios de España, según confirman a este medio fuentes jurídicas. Las nuevas pesquisas están bajo secreto de sumario y se suman a las ya existentes en la pieza número 3 de esta macrocausa relacionada con la adjudicación irregular de una línea de metro en la Comunidad de Madrid. 

En este caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 pone el foco en nuevas adjudicaciones irregulares de la multinacional no solo en Madrid sino en otras partes del país como Andalucía, Canarias y Extremadura y por las que habría pagado comisiones que ascenderían a los 40 millones de euros, tal y como han adelantado El Independiente y El Confidencial. De esta forma, el juez estrecha el cerco en el Grupo de Juan Miguel Villar Mir, aunque ya puso la lupa sobre el mismo desde el arranque de esta causa por una presunta donación irregular de 2,5 millones de dólares para adjudicarse la construcción del fallido proyecto de tren de Navalcarnero.

Estos hechos se investigan en la pieza tercera del procedimiento y se centra en averiguar si la multinacional pagó una comisión irregular en el año 2007 al Gobierno regional a cambio de adjudicarse el proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles. En su declaración como investigado en sede judicial en mayo del año pasado, el empresario expuso que no fue hasta bien avanzado este procedimiento cuando se enteró de que se habían efectuado dos transferencias por un total de 2,5 millones de dólares desde OHL México dirigidas a una cuenta en Suiza de Adrián de la Joya.

Según De la Joya -también imputado en la causa- esa cuantía iría destinada al principal acusado de este procedimiento, el expresidente madrileño Ignacio González. No obstante, tanto el exlíder regional como el empresario negaron estos hechos. Tanto es así que Villar Mir expuso que cuando se enteró de que se habían producido estas transferencias ordenó una investigación interna dentro de la constructora aunque matizó que si su grupo ganó la licitación fue porque presentaron la mejor oferta. Cabe recordar que el empresario también está siendo investigado en la causa Púnica, que se instruye en el mismo juzgado de la Audiencia Nacional, por presuntas donaciones irregulares al PP madrileño. 

Querella de Villar Mir contra el juez

Con todo, los últimos meses de instrucción de esta causa relacionada con irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II han estado marcados por el enfrentamiento entre Villar Mir y el magistrado García Castellón a tenor de unas escuchas practicadas en el marco de la misma entre el acusado y su letrado y que se incorporaron a la causa pese a la negativa del empresario. Su letrado recurrió esta decisión en la Audiencia Nacional pero la Sala de lo Penal defendió al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, lo que motivó la interposición de una querella por parte de la defensa de Villar Mir contra el juez en el Tribunal Supremo. 

La Sala de lo Penal que preside el magistrado Manuel Marchena decidió, con el criterio favorable de la Fiscalía del alto tribunal, no admitir a trámite dicha querella al entender que no se cometió ninguna irregularidad incorporando al sumario dichas conversaciones telefónicas entre acusado-cliente. De esta forma desestimó la pretensión de la defensa de que se había vulnerado el derecho al secreto profesional y rechazó investigar al juez por los delitos de prevaricación judicial, intercepción ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos.

La apertura de estas nuevas diligencias separadas no influye en los planes de la Fiscalía Anticorrupción de cerrar en las próximas semanas la investigación en otras piezas de la causa; en concreto la número 1 relacionada con irregularidades en el proceso de compra por parte del Canal de las empresas Inassa en 2001, bajo el gobierno de Alberto Ruiz-Galladón, y Emissao doce años después cuando ya gobernaba Ignacio González. Con todo, tal y como informó este diario, los investigadores han propuesto al juez dividir esta parte a su vez en dos subpiezas por tratarse de hechos muy diferentes y para facilitar su enjuiciamiento. 

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