La Fiscalía Anticorrupción está ultimando los flecos de la investigación que se sigue en el procedimiento del caso Lezo relativa a la compra por parte del Canal de Isabel II de la colombiana Inassa en 2001 bajo el Gobierno madrileño de Alberto Ruiz-Gallardón, así como de Emissao ya en 2013. Según explican fuentes de la investigación a La Información, las pesquisas, que arrancaron en abril de 2017, están ya muy próximas de llegar a su fin; eso sí, antes de ello se pedirá que la pieza primera relativa a estas dos adquisiciones se divida a su vez en dos partes debido a que son hechos completamente diferentes y, de esta manera, se facilitaría su enjuiciamiento en caso de no archivarse las actuaciones.
El magistrado que comenzó instruyendo esta causa, Eloy Velasco, dividió la misma por piezas relacionadas todas ellas con las presuntas irregularidades que se habrían cometido en el seno del Canal de Isabel II, principalmente durante la etapa de Ignacio González al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En la primera se puso el foco en estas dos compras debido al presunto desvío de fondos que se podrían haber cometido durante las operativas. De hecho, se ha acordado una importante cantidad de diligencias y citaciones debido a la complejidad de la misma, de la cual todavía quedan por practicarse determinados interrogatorios y testificales los meses de marzo y abril.
De separarse esta primera pieza del caso Lezo, se quedaría la investigación relativa a la compra de Inassa por un lado, y la de Emissao, por otro. En el marco de la primera, el juez instructor Manuel García Castellón escuchó en calidad de investigados no solo a Alberto Ruiz-Gallardón sino también a su entonces equipo de Gobierno (entre ellos Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo) además de los exconsejeros del Canal en el año 2001. Todos ellos defendieron en sede judicial la conveniencia de la adquisición, avalada por el criterio de los técnicos, pese a que Anticorrupción denuncia que la operativa "estuvo repleta de irregularidades" y que se empleó una sociedad panameña a modo de empresa pantalla para efectuar la operación.
En lo que respecta a la compra de la brasileña Emissao, ya bajo el Gobierno de Ignacio González, todavía se siguen acordando citaciones de cara a esclarecer quién está detrás de este operativo con el que el juez sospecha que se repartieron mordidas de 5,8 millones de dólares dimanantes de abultar el coste que supuso la compra del 75% que efectuó la filial del Canal en Latinoamérica. En este caso, Velasco ya cifró el pufo inicial en 23 millones de euros y en el marco del mismo se han acordado numerosas comisiones rogatorias; al igual que en la pieza número 5 de la macrocausa, en la que se investiga el delito de blanqueo de capitales en el que se habría incurrido resultado de las irregularidades arriba descritas.
Las fuentes consultadas explican que también está muy avanzada la investigación de la pieza número 3 sobre la adjudicación irregular del proyecto del tren de Navalcarnero a OHL presidido entonces por Juan Miguel Villar Mir, imputado en la causa. Las pesquisas en este caso han ido encaminadas a averiguar si desde la multinacional se pagó una comisión irregular en el año 2007 de 1,4 millones de euros al Gobierno regional a cambio de adjudicarse el fallido proyecto de cercanías entre los municipios madrileños de Navalcarnero y Móstoles.
Pendientes de distintas periciales para concluir las pesquisas
Tanto en esta parte de la causa como en otra que se investiga en la pieza número 2 -relativa al proyecto de construcción de dos campos de golf cerca de las instalaciones del Canal- los investigadores están a la espera de distintos informes periciales que supondría un claro avance en la investigación. Esta parte de las pesquisas se centra en la presunta adjudicación irregular del Gobierno madrileño en 2007 en la que Ignacio González -entonces vicepresidente- habría intercedido para que la construcción del complejo acabara en manos del consorcio Green Canal Golf.
Se da la circunstancia de que este conglomerado estaba integrado por varias empresas entre las que destaca Tecnoconcret, sociedad participada por su hermano Pablo González. El proyecto se tambaleó en un principio debido a las reticencias del Consistorio de la capital si bien la intermediación del Ejecutivo popular hizo que finalmente saliera adelante y fuera adjudicado a este grupo en cuestión, y ello pese a que no fue la propuesta que mayor puntuación obtuvo en el litigio, siempre según los investigadores. Con todo, y pese al avance de estas piezas concretas, la instrucción general por las actividades del Canal todavía se prolongará muchos meses más.
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