El Tribunal Supremo ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por el abogado Carlos Domínguez, letrado del empresario Juan Miguel Villar Mir y de Francisco Javier López Madrid, contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por las escuchas del caso Lezo sobre presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II. Lo hace al no apreciar ninguna infracción penal en las intervenciones telefónicas acordadas y tras estudiar el informe de la Fiscalía, igualmente contrario a su admisión a trámite.
El letrado presentó la querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional por los delitos de prevaricación judicial, intercepción ilegal de las comunicaciones, retardo malicioso en la administración de justicia y falsedad e infidelidad en la custodia de documentos. El abogado del empresario consideró que con la incorporación de las escuchas al sumario de la causa se estaba vulnerando el derecho del letrado-cliente al secreto profesional.
Por ese motivo recurrió la decisión del magistrado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (que respaldó la decisión del instructor), y presentó la querella ante el alto tribunal. Aunque el estudio de la misma estaba previsto para el mes de enero, la aportación de nueva documentación por parte del magistrado instructor determinó que la Fiscalía tuviera que volver a pronunciarse si bien lo hizo en los mismo términos que la primera ocasión, tal y como adelantó este diario.
Ahora, los magistrados de la Sala de lo Penal -la misma que juzga desde este martes a los doce líderes independentistas del procés- ha concluido en su auto de archivo de querella que, tras observar el contenido de las conversaciones mantenidas así como la destrucción de estos archivos no se sustenta el delito de transgresión jurídica que se denuncia ni tampoco el resto de tipos penales que imputaba al magistrado el abogado de Villar Mir. El empresario está investigado en la pieza número 3 de este caso de corrupción por pagar, presuntamente, una mordida de 2,5 millones al gobierno madrileño -liderado entonces por el PP- para adjudicarse el proyecto de cercanías que iba a unir los municipios de Navalcarnero y Móstoles.
Precisamente, por estos hechos García Castellón adoptó la decisión de interceptar las comunicaciones de los imputados en diciembre de 2017 y en las mismas se incluyeron las conversaciones grabadas entre clientes y abogados. Del estudio de su contenido los investigadores sospecharon que el empresario podría haber falseado un volante médico para sortear un requerimiento judicial de que se le tomaran las huellas en una comisaria de la Guardia Civil. Por ese motivo envió parte de la causa a los juzgados de Plaza Castilla para que investigara al médico personal del empresario.
El asunto cayó en manos de la titular del juzgado número 5, Carmen Valcarce, que, aunque en un principio lo archivó, luego lo volvió a reabrir a petición de la Fiscalía Anticorrupción y citó a declarar a su médico personal. Ante esta situación, Villar Mir se personó en el procedimiento y pidió que se archivaran las diligencias para el mismo aportando una serie de documentos; entre ellos otro informe de otro facultativo que vendría a poner de manifiesto que, efectivamente, no pudo cumplir con el requerimiento del juzgado en la fecha expuesta debido a sus problemas de salud.
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