El magistrado al frente del caso Tándem, Manuel García Castellón, ha imputado al hasta este jueves director de Información Nacional en Moncloa Alberto Pozas, por su presunta implicación en el caso de espionaje al líder de Podemos, Pablo Iglesias, informan fuentes jurídicas. El comisario jubilado José Manuel Villarejo declaró ante el magistrado que fue Pozas, entonces director de la revista Interviú, quien le dio el pendrive que contenía datos del teléfono presuntamente robado a la asesora de Iglesias Dina Bousselham.
Las mismas fuentes detallan que Pozas, que estaba citado como testigo a las 10.30 horas de este lunes, ha explicado en sede judicial que fue él quien efectivamente entregó este pendrive al expolicía con información personal sobre Iglesias; de ahí que el magistrado al frente del caso Tándem haya decidido, con el criterio favorable de la Fiscalía Anticorrupción, investigarle en la macrocausa por delito de revelación de secretos. Con todo, no ha ofrecido más detalles al respecto dado que la declaración se ha interrumpido una vez ha confirmado este extremo, lo que ha provocado que apenas haya estado poco más de una hora en sede judicial, la cual ha abandonado sin responder a las preguntas de los periodistas y limitándose a desearles los "buenos días".
En su declaración en sede judicial el pasado 28 de marzo, Villarejo expuso ante los fiscales del caso y el magistrado instructor que efectivamente recabó información acerca de Pablo Iglesias cuando éste dejó su acta de eurodiputado para presentarse como candidato a las elecciones generales a finales del año 2015. Ahora bien, se desvinculó de cualquier posible sustracción del teléfono móvil de su entonces asesora y dijo que fue Pozas quien le entregó el pendrive con toda la información de dicho teléfono presuntamente robado y parte de la cual se conoció al ser publicada por un medio de comunicación.
Estos hechos, que se produjeron en el marco de una campaña de desprestigio para Iglesias y la formación morada, llevaron al magistrado instructor a ofrecer a Iglesias y Bousselham a personarse como perjudicados en esta pieza número 10 de la macrocausa en la que los investigadores han puesto el foco por un lado en conocer exactamente cómo se produjo la presunta sustracción de este teléfono -cuya memoria fue encontrada en el registro que se practicó en los domicilios del comisario jubilado- y, por otro lado, en cómo llegó a los medios de comunicación y la presunta campaña mediática que se puso en marcha por parte de algunos de ellos contra Podemos.
Alberto Pozas, que dimitió el pasado jueves de su cargo como número dos al frente de comunicación de Moncloa, expuso en un comunicado tras conocerse su salida el pasado viernes, que estaba siendo utilizado para atacar al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez y que eso no lo podía permitir. Igualmente dijo que "en ningún momento" valoró que este asunto "menor" fuera a convertirse en "una especie de bomba informativa en plena campaña electoral". "Pensé que conocía la política, pero he aprendido una nueva lección: con las urnas cerca, hasta el arco iris puede verse en noche cerrada", dijo el periodista.
El novio de Dina, también ante el juez
Las mismas fuentes han explicado que también ha prestado declaración esta mañana la pareja de Dina, acusado por algunos sectores de estar detrás de la difusión del contenido del teléfono móvil. Por su parte, Iglesias, tras personarse como perjudicado en la causa, aseguró ante el juez que el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, fue el que le dio la tarjeta con toda esta documentación. Por estos hechos también fue llamado a declarar el propio Asensio, el cual expuso que todo este asunto es un "tema menor".
Además de Pozas y de la pareja de Dina también ha acudido a la Audiencia Nacional el exchófer de Luis Bárcenas. Sergio Ríos, imputado en la pieza bautizada como 'Kitchen' relacionada con el encargo de espionaje al exlíder de finanzas del PP costeada con fondos reservados del Estado, ya ha prestado declaración por estos hechos en diversas citaciones; tanto es así que el magistrado, tras escucharle en sede judicial el pasado mes de enero, acordó medidas cautelares contra él tales como retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en el juzgado.
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