El magistrado Manuel García Castellón vincula a los siete CDR a los que envía a prisión por delitos de terrorismo con una manifestación de corte independentista en la que participó el fundador de Terra Lliure. En su auto de prisión, el juez de la Audiencia Nacional explica que la instrucción de esta operación "ha sido testigo" de que el 15 de septiembre de 2018 se gestó "en la máxima clandestinidad" una maniobra de la facción más radical de los CDR. El magistrado encuadra estos hechos en un acto que tuvo lugar en Barcelona y en el que participó Frederic Bentanachs, el fundador de Terra Lliure, según confirman a este diario fuentes jurídicas.
"Esta instrucción fue testigo el 15 de septiembre de 2018 de una maniobra orquestada por el ERT que se gestó en la máxima clandestinidad. En la citada estrategia se planteaba el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso", reza el magistrado. Se refiere su escrito aunque sin mencionarlo a un acto que tuvo lugar en Barcelona ese mismo sábado de septiembre en el que hizo su aparición Fredi, uno de los fundadores de la extinta organización terrorista.
Este es uno de los motivos que esgrime el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 para razonar el envío a prisión incondicional y sin fianza de siete de las nueve personas detenidas el pasado lunes en el marco de la 'operación Judas'. La misma fue dirigida por la Audiencia Nacional y coordinada con la Guardia Civil, la cual les siguió la pista a todos ellos durante más de un año ante la sospecha de que almacenaban material explosivo y de que tenían intención de actuar con motivo del aniversario del referéndum ilegal 1 de octubre.
De hecho, García Castellón les atribuye los delitos de organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos. Tras tomarle declaración a todos ellos concluye el magistrado que existen indicios de que los siete forman parte de los autodenominados Equipos de Respuesta Táctica (ERT). Se trata de una facción radical de los Comités de Defensa de la República "que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta" y que, según razona, cuenta con capacidad suficiente como para llevar a cabo "tácticas y maniobras con un alto nivel de profesionalización".
El instructor ha actuado de esta forma en sintonía con el Ministerio Fiscal el cual en la 'vistilla' celebrada tras los interrogatorios ha solicitado prisión sin fianza para los detenidos el pasado lunes. Todos ellos han sido trasladados desde el cuartel de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid) hasta las dependencias de la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana. Los primeros en comparecer ante el juez han sido los dos militantes que reconocieron ante los agentes del Instituto Armado que compraron sustancias explosivas. Ambos han confiado su defensa a abogados de oficio, si bien los otros cinco están siendo representados por letrados de la asociación Alerta Solidària.
Las fuentes consultadas explican que los dos abogados de oficio acudieron a última hora del miércoles a la Audiencia Nacional y presentaron un 'habeas corpus' ante el juez Alejandro Abascal, en funciones de guardia en el momento de los hechos. Esta figura permite que se pase a disposición judicial inmediata si se considera que la detención se ha producido de manera ilegal. El magistrado les preguntó si querían denunciar maltrato a sus dos clientes y ellos respondieron de manera negativa. En lo que respecta a los otros cinco detenidos, han optado por responder únicamente a preguntas de sus defensas, las cuáles han solicitado sin éxito poder presenciar los interrogatorios de esta causa que sigue bajo secreto de sumario.
Se desvinculan de las acusaciones
Con todo, estos cinco detenidos se han desvinculado de los hechos delictivos que se les atribuyen y han negado formar parte de ningún tipo de grupo violento ni de ninguna otra clase. Sus detenciones vinieron seguidas de una decena de registros en diversas localidades de la provincia de Barcelona en la que los agentes se habrían encontrado termita mezclada (mezcla de óxido y aluminio) así como listas de sustancias consideradas precursores para la fabricación de explosivos, tales como ácido sulfúrico, parafina, gasolina, decapante y aluminio en polvo.
Igualmente se incautaron de abundante documentación y material informático, entre los que se encuentran unos planos de edificios oficiales y del cuartel de la Guardia Civil de Canovelles. Todo ello llevó al fiscal teniente de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, a determinar que los detenidos formaban parte de un "grupo terrorista de índole secesionista catalán" el cual se había procedido a detener en tanto podrían haber ocasionado "daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos". Con todo, de los nueve detenidos, dos quedaron en libertad con cargos el mismo lunes en lo que su defensa calificó como un "montaje con intencionalidad electoral".
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