Junta ve llamativo que PP recurra ley incompatibilidad andaluza y no gallega

Sevilla, 16 ene.- La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, ha calificado hoy como "llamativo" que el PP se plantee recurrir la Ley de Incompatibilidades andaluza y no hace lo mismo con la que existe en Galicia, y ha afirmado que el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, "nunca va a dejar de sorprender".

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la reunión que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha mantenido con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, Moreno ha dicho que es "totalmente llamativo que el Gobierno de España recurra una ley andaluza y no recurra una ley gallega que impone las mismas incompatibilidades".

Ha destacado que Arenas "hasta hace un año proclamaba a los cuatro vientos que 'una persona, un cargo' y a las primeras de cambio ahora quiere varios cargos para las mismas personas", por lo que ha acusado al líder de los populares andaluces de "falta de coherencia tremenda".

La consejera ha subrayado que el PSOE sin embargo lo tiene "muy claro: que los alcaldes y alcaldesas trabajen al cien por cien por sus pueblos y ciudades y que los parlamentarios andaluces trabajen al cien por cien por Andalucía", por lo que no entienden "estas jornadas a medias ni esta multiplicidad de cargos en la que está empeñado el PP".

Por su parte, preguntada por este asunto, la delegada del Gobierno ha destacado que la ley gallega es "completamente diferente" puesto que en Andalucía "no ha habido consenso" a la hora de aprobar la norma que impide compatibilizar los cargos de alcalde y diputado, una circunstancia que le da "un tinte especial".

"Cambiar las reglas del juego lo tenemos que decidir entre todos", ha subrayado Crespo, quien ha añadido que esas reglas "se cambian normalmente al principio de una fórmula de Gobierno, y en este caso se ha hecho al final".

Crespo ha explicado que el Gobierno central "está estudiando" la presentación del recurso contra esta Ley ante el Tribunal Constitucional y que será el Consejo de Estado el que se tenga que pronunciar sobre esta posibilidad, que provocaría un paréntesis de seis meses sobre la aplicación de la normativa, según ha dicho.