Era la última esperanza de los organizadores. Que la justicia les avalase para poder celebrar sus manifestaciones por el Día de la Mujer en la Comunidad de Madrid, prohibidas por la Delegación del Gobierno en la región. Pues bien, los tribunales han hablado y han dictaminado que ratifican la posición de no permitir estos encuentros al desestimar los distintos recursos que se habían presentado contra la decisión del representante del Ejecutivo en la región de la capital.
En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mantiene la prohibición de las manifestaciones al rechazar tres de los recursos planteados contra esta medida, ha informado el tribunal. Los tres recursos rechazados fueron interpuestos por el Consejo de la Mujeres de la Ciudad de Madrid y el Fórum de Política Feminista de Madrid; Feministas del Barrio de Fuencarral-El Pardo y Camila Banderas Briceño, convocantes de diversos actos que iban a tener lugar este domingo día 7.
Durante el domingo, el TSJM notificará el resto de las resoluciones correspondientes a los otros seis recursos presentados contra la decisión de la Delegación del Gobierno y cuyas vistas se han celebrado este sábado por la tarde en relación a actos similares convocados para el lunes, día 8 de marzo.
Todo esto, después de que la Fiscalía de Madrid hubiera expuesto ante la Sala de Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sus motivos para justificar que se mantenga la prohibición. La fiscal ha calificado de "insuficientes" la medidas de seguridad propuestas por los organizadores de dichas concentraciones, según ha informado la Fiscalía en un comunicado.
En su exposición, la representante del Ministerio Público ha sostenido que, tras analizar el contenido de la demanda presentada por la Confederación General de Trabajadores (CGT), entendió que la razón que llevó a la Delegación del Gobierno a prohibir las concentraciones conmemorativas del 8M "no solo se basaban en la normativa propia del estado de alarma sino en las imperiosas necesidades de salud públicas derivadas de la existencia de la situación de pandemia provocadas por la Covid-19", un argumento que se extiende al resto de concentraciones previstas.
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