Bogotá, 4 mar.- La Justicia colombiana negó hoy más de 300 tutelas (recursos de amparo) presentadas por ciudadanos contra la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ordenada por la Procuraduría el pasado diciembre, lo que supone un fuerte revés jurídico para el mandatario.
La sentencia fue emitida por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que acogió por cinco votos contra dos la ponencia del magistrado Pedro Alonso Sanabria contraria a las tutelas presentadas en favor del alcalde.
Sanabria argumentó que a Petro no se le vulneraron sus derechos políticos con la orden de destitución e inhabilitación por quince años emitida el pasado 9 de diciembre por la Procuraduría (Ministerio Público) por supuestas "faltas gravísimas" en la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras de la capital colombiana a finales de 2012.
La Sala Disciplinaria, que se ocupa de la investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de dirimir los conflictos de competencia, consideró que el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, sí tiene facultades para sancionar a un funcionario elegido por voto popular, como Petro.
Cuando se produjo la noticia, el alcalde estaba en la terminal de Suba del sistema de transporte público Transmilenio tratando de calmar a una multitud que hoy bloqueó varias estaciones en protesta por las deficiencias del servicio, manifestación que fue reprimida por la policía con un resultado de al menos ocho heridos, uno de ellos de gravedad.
La secretaria general de la Alcaldía, Susana Muhamad, dijo a periodistas que el fallo del Consejo Superior de la Judicatura era esperado y lo atribuyó a presiones políticas.
"Hay un alineamiento de intereses que lleva a decisiones jurídicas que creemos que en el fondo sean de tinte político", manifestó Muhamad.
Tras esta decisión, a Petro le queda todavía como recurso para impedir que su destitución se haga efectiva la decisión que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo, tome sobre una veintena de tutelas presentadas en su defensa.
Sin embargo, el pasado 25 de febrero el mismo Consejo de Estado negó otro recurso de amparo con el que Petro pretendía suspender la sanción de la Procuraduría, fallo que debe "marcar una directriz para las demás tutelas", dijo ese día la presidenta de ese tribunal, María Claudia Rojas.
El alcalde también ha recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la que pidió en diciembre medidas cautelares, pero el organismo aún no se ha pronunciado.
Petro, quien llegó al cargo por voto popular para el periodo 2012-2015, ha defendido siempre que una sanción administrativa no puede destituir a un funcionario elegido por el pueblo.
El alcalde, un exguerrillero que ahora milita en el Movimiento Progresistas, también tiene por delante un referendo revocatorio de su mandato por supuesta mala gestión que está previsto para el próximo 6 de abril, pero si se concreta antes su destitución esa consulta sería cancelada.
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