En su sentencia contra Artur Mas por la consulta del 9 de noviembre, el Tribunal de Cuentas no solo no ha obviado el papel que ha jugado el Gobierno de Quim Torra en este proceso, sino que le ha reprochado que adoptara una “actitud pasiva” al retirarse de la demanda que pesaba contra la administración catalana por el desvío de fondos para la votación de 2014.
La resolución, de 90 páginas, saca pecho por el papel que ha asumido la Fiscalía en este procedimiento tras conseguir que se condene a Mas y otros nueve exmiembros de su gobierno a devolver 4,9 millones de euros a la Generalitat por su responsabilidad contable en estos hechos. Sin embargo, y aunque de manera indirecta, reprocha al Gobierno de Torra que no continuara litigando por esta cuantía, pese al desfalco que supuso para sus fondos.
"La Ley considera suficientes la legitimación activa del Ministerio Fiscal y la posibilidad de ejercicio de la acción pública para asegurar la defensa del interés público en la reparación de los daños causados a los fondos públicos por sus gestores, ante una eventual pasividad de la entidad presuntamente perjudicada", reza la sentencia del Tribunal de Cuentas.
El órgano le reprocha de esta forma la retirada el pasado mes de julio de la demanda que presentó la administración catalana cuando estaba intervenida por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155. La consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, expuso entonces en rueda de prensa que apoyaban su decisión en que ni Mas, ni Francesc Homs, ni Irene Rigau o Joana Ortega fueron condenados por malversación en otros pronunciamientos judiciales.
No obstante, el Tribunal de Cuentas dedica buena parte de su sentencia a matizar que, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no le juzgara por malversación (delito que lleva acarreada penas de cárcel) no exime que este órgano les considere responsables por el desvío de fondos públicos destinados a la consulta del 9-N.
Estrategia de enmascaramiento
De esta manera, el Tribunal de Cuentas concluye que todos los gastos que se pagaron desde las distintas consejerías del Govern para garantizar la celebración del 9-N "están desconectados de cualquier finalidad pública", pese a la "estrategia de enmascaramiento" que se siguió desde la Generalitat con el fin de no dejar prueba alguna que "pudiera derivarse en un deber de actuación para los demandados".
Concluye que Mas junto con la exvicepresidenta Joana Ortega, el exconsejero de Presidencia Francesc Homs y la exconsejera de Educación Irene Rigau, fueron "los máximos responsables" en las decisiones del gasto público de la Administración y, por tanto, tendrían que haber rendido cuentas de sus actos. La sentencia también condena a otros seis exaltos cargos de su equipo de gobierno por estos hechos.
El Tribunal desglosa por partidas los gastos que destinaron a esta consulta prohibida por el Tribunal Constitucional y cuyas facturas se cargaron desde órganos públicos como el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI). Destacan los 2,7 millones de euros desde el departamento que dirigía Rigau para la compra de 5.749 ordenadores que se repartieron por los centros de votación y los 794.617 euros que se encargaron para la publicidad de la consulta.
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