La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Policía Nacional colaborarán en la persecución del fraude financiero especialmente para detectar personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, de las que en 2018 la Comisión formuló más de 600 advertencias.
Tal y como adelantó La Información, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, han rubricado este miércoles un convenio de colaboración que busca reforzar la coordinación entre ambas instituciones en la persecución de los "chiringuitos" financieros o delitos de cuello blanco.
El convenio, que en breve será seguido por otro similar con la Guardia Civil -también como adelantó este medio- prevé el intercambio de información, con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) como punto de coordinación por parte de la Policía.
Por su parte, la CNMV comunicará a la Udef los indicios o pruebas de fraude financiero cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores, así como consultas y reclamaciones sobre potenciales delitos, tanto a nivel nacional como internacional.
Para coordinar los trabajos se creará una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos por parte de la CNMV y dos por parte de la Dirección General de la Policía. El Plan de Actividades del supervisor para 2019 incorpora el refuerzo de actuaciones en relación con los chiringuitos financieros, para lo que se dotará de nuevas herramientas de detección y colaborará con expertos externos, además de con la Policía Nacional.
Hasta ahora la labor de vigilancia de la Comisión de Valores ha tenido un marcado acento financiero y ha estado básicamente limitada al análisis técnico de la información remitida por las entidades emisoras sometidas a la Ley del Mercado de Valores (LMV). En los casos de mayor alarma social y que han obligado incluso a la intervención judicial el papel del organismo regulador ha estado supeditado como unidad de apoyo a la Policía Nacional y a los propios tribunales de justicia. La CNMV ha tenido que reducirse de manera histórica a una mera labor de peritaje sin mayor capacidad decisoria en la resolución final de los procedimientos incoados.
El mejor y más reciente ejemplo de esta función secundaria se ha manifestado con meridiana claridad a raíz de las escuchas telefónicas efectuadas por el excomisario Villarejo a instancia del BBVA. La CNMV salió rápidamente al paso encendiendo las alarmas sobre el caso, pero precisando al mismo tiempo que su ámbito de competencias impedía ir mucho más allá de las propias implicaciones que tiene el escándalo para el organismo regulador. No se olvide que algunas de las personas que fueron objeto en su día de espionaje eran antiguos dirigentes de la CNMV, lo que ha obligado a revisar los sistemas de ciberseguridad de la institución.
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