La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Guardia Civil preparan un acuerdo para coordinar sus actuaciones en todo lo que se refiere a la investigación de posibles delitos en los mercados de capitales y la actuación de los llamados ‘chiringuitos financieros’. Se trata de una iniciativa en la que ambas partes se pueden complementar de manera muy efectiva, dado que la primera realiza labores de supervisión en los mercados financieros muy centradas en la calidad de la información y la protección de los inversores, mientras que en el caso del instituto armado, se desarrollan cada vez más inspecciones y procesos de investigación sobre el terreno en casos de delincuencia económica, muy relacionados con los mercados.
Aunque el acuerdo se haga a nivel institucional con la Guardia Civil, el objetivo es contar con la colaboración de la Unidad Central Operativa (UCO) que se encarga de realizar la actividad de policía judicial en la mayor parte de los procesos sobre delitos económicos y contra la corrupción que se investigan en la actualidad en la Audiencia Nacional, según han confirmado fuentes cercanas a ese proceso. La UCO colabora de forma habitual en todas las investigaciones que instruyen los jueces y sus informes suelen servir de base a en muchos procesos en los que hay posibles delitos de cuello blanco. Es conocido el uso de sus informes por parte de la Fiscalía Anticorrupción en muchos de los casos de contenido que tiene abiertos la Audiencia.
Evidentemente, no todos los casos que se investigan y en los que interviene la UCO están centrados en los mercados de capitales, que es el área en el que la CNMV realiza su actividad, pero fuentes judiciales aseguran que cada vez son más las causas que cuentan con algún aspecto o pieza a investigar en las que la regulación financiera o las cuestiones de transparencia y buen gobierno que vigila el supervisor es fundamental.
La CNMV tiene incluido en su plan de actividades para 2019 un apartado concreto en el que anuncia su intención de llegar a celebrar un convenio con la Dirección General de la Policía relativo a investigaciones sobre entidades de inversión no autorizadas que operan en los mercados y pueden perjudicar a los inversores. Aunque no esté incluido de forma concreta en el plan, ese ánimo de colaboración de la Comisión con las fuerzas de seguridad del Estado les ha animado a ampliar la colaboración a la Guardia Civil. En el caso de la Policía Nacional el acuerdo se centra en los trabajos que realiza la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), mientras que en lo que se refiere al instituto armado se dirigirá más a la UCO, que son las dos unidades que apoyan a los jueces.
Tanto en un caso como en el otro, el convenio que se alcance y se firme deberá definir con claridad los ámbitos de la colaboración a llevar a cabo que, en cualquier caso, se circunscribirán a actuaciones de información y asesoramiento mutuos. Según explican desde el ámbito financiero, la CNMV debe limitar en muchas ocasiones su actividad a la verificación del cumplimiento normativo según los límites que marca la Ley del Mercado de Valores, y el apoyo policial puede ser muy útil para aprovechar esa información y complementarla con investigaciones y datos que ayuden a los jueces a interpretar ciertas actuaciones y evaluar las conductas ante posibles delitos económicos.
Esa coordinación puede ser muy útil a la hora de descubrir la existencia y el funcionamiento de los denominados ‘chiringuitos financieros’, pero también para esclarecer las actuaciones tratadas en casos amplios de corrupción de amplio calado económico, como el caso Popular, la investigación sobre el caso Lezo y hasta las piezas del caso Villarejo referidas al BBVA, por poner tres ejemplos de actualidad.
La CNMV ya ha apostado en otras ocasiones por llevar a cabo actuaciones muy del corte policial para complementar sus actividades de investigación y control de las agencias de intermediación financiera en algunos de sus productos. En el plan de actividades se contempla para este año recuperar la figura del ‘mystery shopping’ del proceso de comercialización de productos financieros en las redes comerciales de una muestra de entidades, que no es más que introducir clientes ficticios en la contratación de esos productos para comprobar si se cumplen todos los requisitos legales.
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