La sociedad propietaria de la cadena de tiendas de ropa Blanco, Global Leyva, culpa a la crisis económica y a la feroz competencia con Inditex (Zara) de la caída progresiva de la empresa que acabó con el cierre de todas sus tiendas y el despido de 850 trabajadores en 2016. Su director financiero, Nuno Abel Ribeiro, declaró ayer en representación de la compañía ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el instructor de la querella presentada contra Global Leyva y varios empresarios saudíes. Su autora es la Plataforma de Afectados por la Situación de Blanco, integrada por decenas de despedidos. Ese colectivo acusa a los dueños de la compañía de saquearla para provocar su caída.
El director financiero, de nacionalidad portuguesa, respondió como representante de Global Leyva, imputada como persona jurídica. Abel Ribeiro contestó a las preguntas de sus abogados, pero no a las de los letrados de la plataforma de afectados. Durante su declaración negó que la cúpula de la compañía tuviera algo que ver con su declive, como mantienen los trabajadores y se refirió a un informe pericial presentado en el juzgado de Toledo que lleva el concurso de acreedores para enumerar las causas del cierre de la cadena de moda. Además de a la competencia con la multinacional de Amancio Ortega, señaló a la crisis financiera y a los problemas surgidos con un proveedor.
El representante de la propietaria de Blanco, además, negó que la empresa tuviera otros activos que la propia marca. A preguntas del fiscal, el director financiero aseguró que la compañía carecía de cualquier tipo de inmueble y que todas las tiendas de la cadena eran franquicias.
Posible venta simulada
Además del cargo de la empresa también declaró como imputado un directivo de el grupo saudí Alhokair (propietario de Global Leyva), el británico Gerard Louis Waters, consejero delegado de Blanco, que, según las fuentes consultadas, también se remitió al informe pericial presentado en el proceso del concurso. Alhokair, del empresario saudí Fawaz Abdulaziz Alhokair, se hizo con las riendas de la compañía en 2013.
La querella acusa a Global Leiva, Alhokair y varios directivos de descapitalizar la empresa a través de una venta simulada a una sociedad de Dubai (AC Modus) que también estaría controlada por el grupo saudí. El objetivo de esa maniobra, según la plataforma de afectados, sería quedarse con la marca. Esa venta, según los trabajadores despedidos, no se habría cerrado por 83 millones de euros, como anunció Blanco, sino por 1,19 millones.
Además de Global Leyva y Waters, entre los imputados se encuentra el propio Fawaz Abdulaziz Alhokair, y los directivos de su grupo multinacional Simon Marshall y Mohamed Hussein Mohamed Masud. A todos ellos se les imputan los delitos de alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible. La cadena de ropa, inaugurada en 1960, cerró en diciembre de 2016 después de declararse en concurso de acreedores el mes anterior.
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