La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido este jueves libertad bajo fianza de 3 millones de euros para el productor televisivo José Luis Moreno, detenido este martes en la denominada 'operación Titella', en la que se investiga la presunta estafa de más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, según han informado fuentes fiscales.
Moreno y otros tres detenidos en la operación que llevó a cabo la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en coordinación con la Guardia Civil de Barcelona, han pasado este jueves a disposición del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. El productor se ha acogido a su derecho a no declarar, dado a que el sumario de la causa se encuentra bajo secreto, han indicado fuentes jurídicas.
Tras su comparecencia, el fiscal Marcelo Azcárraga ha solicitado que Moreno quede en libertad sujeto a una fianza de tres millones de euros a consignar antes de las 15.00 horas del próximo martes. Asimismo, ha interesado también libertad bajo fianza de 200.000 euros para Antonio Aguilera y 10.000 para su secretaria, Marta Dillet. Si bien para un cuarto detenido, Javier Villalba, ha pedido libertad avisando a Instituciones Penitenciarias para que revise su expediente por si tiene alguna causa pendiente que le obligue a entrar en prisión. El magistrado instructor aún no ha tomado una decisión.
Según informó la Policía Nacional en un comunicado, la red investigada "creaba mercantiles con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban". Para ello, contaron con la participación activa de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión. En el marco de la 'operación Titella' fueron detenidos medio centenar de personas.
Un perjuicio de más de 50 millones de euros
Entre las víctimas, por el momento se han localizado a distintas entidades bancarias y a un inversor privado que habrían sufrido un perjuicio de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados. La organización una vez captaba los fondos, activaba una maquinaria perfectamente estudiada donde el "peloteo" de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria. Asimismo, la trama aprovechaba su entramado empresarial de más de 700 mercantiles para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga, según detalla el comunicado.
El origen de la investigación se remonta a 2018 cuando Abanca denunció la estafa de 1,3 millones de euros por parte de la organización criminal, tal y como ha informado El Confidencial. Desde entonces, el seguimiento de las pruebas y seguimiento telefónico por parte de ambos cuerpos policiales, a lo largo de más de dos años, ha sido clave para la ejecución de la macroperación en curso.
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