La juez admite otra querella por la venta de Alcoa un año después de abrir el caso

Crecen los problemas para la 'nueva Alcoa'. En unas semanas en las que las fábricas de Alu Ibérica (el nuevo nombre de la compañía) en Avilés y A Coruña están encontrando dificultades para encontrar inversores que quieran adquirir la compañía de aluminios o que el Gobierno se haga cargo de su rescate para poder continuar con la producción, la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga desde hace algo más de un año el proceso de venta que presuntamente ha provocado la ruina de la empresa, ha abierto las puertas de la causa judicial a una nueva acusación. Se trata de Aluminios Antequera, que se considera perjudicado por las actuaciones que habrían realizado los nuevos dueños de la empresa, a los que se le atribuye la presunta comisión de un delito de insolvencia punible.

Así consta en un auto con fecha del pasado 26 de enero, al que ha tenido acceso La Información, en el que la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional admite a trámite la querella que Extralum (nombre comercial de Aluminios Antequera) interpuso en diciembre de 2021. En dicho escrito, la empresa dedicada a la manufactura y comercialización de vidrio y aluminio explica que remitió a Alu Ibérica la cantidad de "43.530 kilogramos de chatarra" para que "se transformara, mediante el proceso de maquila, en nuevos tochos de aluminio", según recoge la resolución de la magistrada.

Mira también

La Audiencia tumba el último intento de sacar al administrador de la nueva Alcoa

No obstante, tras ponerse en contacto a través de "distintos y variados comunicados" enviados al investigado Luis Losada -administrador de System Capital, una de las sociedades que gestiona las plantas de A Coruña y Avilés-, "en ningún momento se llevó a término el proceso de maquila y transformación de la chatarra". Según asegura la querellante, tenía conocimiento por empleados de Alu Ibérica que la remesa de material, "junto con el resto de activos de la empresa, habían sido apropiados y transmitidos por la misma, no quedando nada de ello en los almacenes donde se encontraba depositada".

La querella coincide con la investigación

Para la juez instructora, los hechos relatados "son coincidentes con los que dieron lugar a la incoación de la presente causa" en diciembre de 2020, a raíz de la querella que presentó el sindicato Confederación de Cuadros Profesionales. Cabe destacar que en el marco de la investigación, el administrador designado por el juzgado reveló en sus informes que los nuevos dueños de Alu Ibérica procedieron a la venta de sus derechos de emisión de CO2, embolsándose casi 9 millones de euros y provocando el bloqueo de la capacidad de producción, además de presuntamente haber hecho desaparecer bienes "depositados en régimen de maquila" para dificultar el pago a sus proveedores. Unas actuaciones que para el encargado de gestionar la empresa y hacer una auditoría son un claro ejemplo de una "galopante situación de insolvencia".

Con todo ello, la magistrada de la Audiencia Nacional considera que Extralum podría ser uno de los "ofendidos" por uno de los delitos que se imputa a los investigados, el de insolvencia punible, ya que, de acuerdo a las actuaciones que se están analizando llevadas a cabo por los responsables de la 'nueva Alcoa' para no afrontar las deudas, cabe entender que "habría llegado a ostentar la condición de acreedor de la sociedad". Por ello, admite su personación en la causa como acusación.

Las sospechas sobre el saqueo

Para poner en contexto, la investigación judicial se puso en marcha ante las sospechas de que el Grupo Industrial Riesgo (nuevo dueño de las plantas de Avilés y A Coruña) habría saqueado las cuentas de la factoría tras su compra en abril de 2020, lo que ha provocado que el pasado mes de noviembre la juez de la Audiencia Nacional autorizara el concurso de acreedores. En este sentido, por un lado, se trata de aclarar si el fondo Parter Capital, que revendió la empresa apenas un año después de hacerse con ella, prestó a dicho grupo empresarial unos 13 millones de euros procedentes de las fábricas gallega y asturiana para su adquisición, perdiendo así su rastro.

La juez Tardón se apoya para ello en un informe de la UDEF que detalla que los nuevos administradores de la compañía de aluminio habrían planteado sobrecostes, negocios ficticios y maniobras para la compra de bitcoins con el fin de descapitalizar la empresa. Las sospechas sobre el desfalco de las fabricas aumentaron después de que el administrador judicial detectara los elevados y "claramente desproporcionados" sueldos, de hasta 25.000 euros mensuales, que cobraban algunos de los nuevos directivos, entre los que se encuentran algunos de los imputados en la causa, cuyos cobros se han suspendido mientras dure la investigación.