La central nuclear de Trillo (Guadalajara) tiene 70 nuevos trabajadores distribuidos en turnos de día y noche en el interior de la instalación. Son guardias civiles y forman parte del despliegue de seguridad mixto, público-privado, contemplado en la ley de Seguridad Nacional de 2014. El despliegue se completará este año en los cinco emplazamientos de los siete reactores del parque nuclear.
El coste del despliegue asciende a cuatro millones anuales por enclave. Eso quiere decir que si se extiende la vida útil de las centrales hasta los 60 años -como plantea la industria nuclear y pretende el Gobierno-, la factura de seguridad, sólo en Guardia Civil, se incrementará en 400 millones.
El coste de los 350 guardias que se desplegarán en el interior de todas las centrales este año la pagan las eléctricas como propietarias de las instalaciones. El Ministerio del Interior ingresará por cada guardia 61.000 euros, según ha detallado el presidente de la Sociedad Nuclear Española, José Antonio Gago. Esa cantidad equivale a 2,5 veces el salario bruto anual de un guardia civil. Además, las propietarias de las centrales tienen que asumir la construcción de nuevas dependencias para los efectivos de seguridad.
La función de los guardias civiles desplegados en el interior de las instalaciones es "repeler cualquier agresión externa" y no sólo, como sucedía hasta fecha reciente, patrullar el perímetro de los emplazamientos para prevenir atentados mientras la seguridad privada se hacía cargo de la vigilancia interior.
Sobre el papel, el coste del despliegue corre a cuenta de las eléctricas propietarias de centrales -Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa y EDP-HC-. Pero es una tasa más para un negocio que en estos momentos, y según las empresas, no es rentable por las cargas que soporta.
Las organizaciones antinucleares y de consumidores han denunciado reiteradamente que muchos de los costes del negocio nuclear están ocultos y recaen finalmente en el recibo que paga el consumidor. El temor es que el nuevo coste de seguridad acabe, una vez más, en el sumidero de la tarifa eléctrica.
Ampliación de vida a 60 años
La seguridad y la prevención de atentados es, en todo caso, una condición indispensable para que las centrales -pese a las quejas de las empresas- amplíen su vida útil de los 40 años a los 60 años.
Los planes del Gobierno apuntan en esa dirección. El deseo es tan claro que desde el Ministerio de Energía se ha insinuado la posibilidad de facilitar la entrada de operadores foráneos en el sector nuclear en el caso de que Endesa, o más probablemente Iberdrola, renuncie a continuar con el negocio.
La industria nuclear lo tiene claro. La Sociedad Nuclear Española (SNE), que integra a un millar de profesionales e instituciones relacionadas con el sector, aboga por extender la vida útil de las centrales incluso más allá de los 60 años. Según su presidente, ampliar en 20 años la vida de las centrales aportaría al país 1,2 millones de KWh de energía barata y segura, equivalente a cuatro años de consumo.
El debate nuclear es intenso y lo será aún más a medida que las centrales se acerquen a los 40 años de vida útil. La central de Almaraz los cumple en junio de 2020; Vandellós II en julio del mismo año; Ascó y Cofrentes en 2021, y Trillo en 2024.
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