El Gobierno prevé aprobar en apenas 24 horas el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica, un proyecto que ha liderado la Vicepresidencia primera de Carmen Calvo y que aspira a ser una de las normas estrella de la legislatura de la coalición. Entre las medidas que contendrá habrá un decidido impulso por la exhumación de restos en fosas comunes, la creación de un banco de ADN, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco o la supresión del ducado de los títulos nobiliarios concedidos durante la dictadura. La ley también contendrá un apartado especial dedicado al Valle de los Caídos, un monumento propiedad de Patrimonio Nacional que sufrirá una profunda transformación a medio plazo, según los planes del Gobierno.
La nueva Ley de Memoria que estará presente en las carpetas de los ministros este martes plantea hacer suyos una parte de las conclusiones del informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos elaboró en noviembre de 2011, según detallan fuentes conocedoras de la norma. Eran los estertores de la era Zapatero y ahora el Ejecutivo de Sánchez pretende recuperar esos planes, al menos en parte.
De esta forma el Gobierno pretende convertir el Valle de los Caídos en un 'Museo de la Memoria'. Es decir, una especie de centro de interpretación que explique por qué y quién construyó ese monumento en la Sierra de Guadarrama, así como el motivo por el que se llama Valle de los Caídos y el significado que supuso en un periodo concreto de la historia de España. También por qué los restos de Francisco Franco descansaron ahí durante más de cuarenta años y por qué los de José Antonio Primo de Rivera siguen en la basílica. En cualquier caso la ley prevé reubicar los restos que ocupen un lugar preminente en el recinto religioso.
La nueva Ley de Memoria también contempla que el Valle de los Caídos sirva como escenario de homenaje a los más de 33.000 enterrados en el recinto. Son, en concreto, 33.837 las personas cuyos restos están inhumados en este lugar cercano a El Escorial, según la documentación oficial. La idea es que un monumento, en forma de memorial, pueda honrar la memoria de estas víctimas de la Guerra Civil. La Comisión de Expertos de Zapatero llegó a proponer la construcción de un gran estructura o monumento artístico en la explanada, desde donde el helicóptero Super Puma trasladó de forma definitiva los restos de Franco el pasado mes de octubre.
Para actuar en el interior de la Basílica hace falta, eso sí, una negociación con la Iglesia. El templo es un lugar inviolable y el Gobierno no puede hacer nada pero, de forma paralela, hay que recordar que la propia Carmen Calvo mantiene abierta una vía de comunicación con la Conferencia Episcopal para negociar otras materias como el cobro del IBI a los bienes eclesiásticos que no son de culto. En cualquier caso la idea del Gobierno es que los restos de enterrados que se puedan recuperar del interior de la basílica puedan entregarse a sus familiares, como se va a hacer con las fosas repartidas por toda la Península. El problema es que no es fácil ya que se trata de restos en avanzado estado de descomposición, tal y como ya advirtieron los expertos.
La idea es que un monumento, en forma de memorial, pueda honrar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil.
Otro aspecto que incluirá la nueva Ley de Memoria tiene que ver con la subvención que deberían recibir todos los años los monjes benedictinos que viven en el Valle de los Caídos. Se trata de una partida histórica de 340.000 euros que va dirigida directamente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, creada en 1957, y que está incluida en los Presupuestos Generales del Estado. Es, en definitiva, un pago directo a esta comunidad religiosa que podría tener problemas con la nueva normativa en materia de subvención. El Gobierno plantea cortar el grifo de financiación pública y dejar de subvencionar a unos monjes que en los últimos años no han presentado el informe de gastos que les reclama Patrimonio Nacional. En concreto, llevan desde 2018 sin detallar al Ministerio de la Presidencia esta información económica. Por ello Patrimonio ha retenido la asignación en los últimos años.
Asimismo el Gobierno ya tiene preparada la arquitectura legal para abrir la puerta a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. En concreto la nueva legislación pretende declarar fuera de la ley a las organizaciones y fundaciones que realicen que inciten "directa o indirectamente" al odio o violencia contras las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. A esto hay que sumar la reciente sentencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña instando a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás al dominio público.
Los mismo ocurre con el título nobiliario de los Franco. El Gobierno plantea en la ley anularlo y, por tanto, despojar a Carmen Martínez-Bordiú Franco del ducado que creó su abuelo y que primero pasó a la hija, Carmen Franco Polo, y que ahora, desde 2018, ostenta la nieta.
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