El magistrado que instruye la trama Lezo, Manuel García Castellón, no quiere más periciales en torno a la compra presuntamente fraudulenta de la brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II. A su entender, ya no procede acordar nuevas diligencias ante las evidencias de que esta adquisición estuvo plagada de irregularidades y que se repartieron 'mordidas' por valor 5,8 millones de dólares.
De esta forma, el juez de la Audiencia Nacional desestima la petición formulada por la exdirectiva del Canal María Fernanda Richmond, consistente en una nueva valoración pericial sobre esta gestión que supuso un desembolso de 21,4 millones de euros. Alega el instructor que existe “abundante documentación” en el sumario que vendría a demostrar una sobrevaloración del precio de la operativa, formalizada en octubre de 2013.
En su auto, al que ha tenido acceso La Información, añade que, dicho material recoge además la inclusión dentro del precio de compra de 5,8 millones de dólares que se destinó al pago de "ilícitas comisiones" a "cargos públicos, personas conectadas con Inassa así como participantes en aquella operación".
Recuerda el magistrado que ya obran en la causa dos informes relacionados con la adquisición que hizo la empresa madrileña y que son, por un lado, el elaborado por la auditora KPMG un mes antes de formalizar la compra, y por otro, el de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por lo que entiende que no es necesaria ninguna valoración más.
La exdirectora financiera del Canal, investigada en esta causa por su implicación en la compra de la brasileña, expuso en su escrito dirigido al Juzgado Central de Instrucción número 6 que, en contra de lo que sostiene la Fiscalía Anticorrupción, el precio que se pagó por la compra de participaciones de la compañía brasileña "fue acorde al mercado".
Otros informes periciales
Añade igualmente que se tendrían que tener en cuenta otros informes incorporados a la causa tales como el realizado por la firma EY, el de Forest Partners de mayo de este año, las memorias individuales de Canal Gestión y Canal Extensia (a través de las cuáles se realizó la operativa) y el test de deterioro de Emissao entre los años 2014 y 2015, entre otros.
La defensa de Richmond expone además que, entre los documentos que se incautaron los agentes en el registro de su domicilio, se encuentra el denominado 'Dossier Emissao', que recogía una valoración actualizada de la empresa en 2013, según la cual el 75 por ciento de la misma tenía un valor de 41,4 millones de dólares (36,4 millones de euros).
Pide que declare el vicepresidente del Canal
El escrito expone también que Rafael Prieto, actual vicepresidente ejecutivo de la empresa pública de aguas, "tenía conocimiento" de los hechos, puesto que este informe cayó en sus manos antes de que el Canal interpusiera denuncia por presuntas irregularidades en su seno.
Por ese motivo solicita también al juez que cite al propio Prieto para que aclare estos términos, ya que considera que la piedra angular de su acusación, que reside en que no informó debidamente a los órganos competentes de los riesgos de esta operación, es "rotundamente falsa".
Richmond también se hace eco de la versión que prestó Diego García, exdirectivo del Canal, ante el juez. El acusado dijo entonces que Prieto manipuló determinados contratos y simuló que la empresa valía menos de lo que se pagó por ella para posteriormente denunciarlo ante la Fiscalía.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios