Miami, Castellón, Logroño, Valencia, Las Palmas... Estos son los lugares de residencia de gran parte de los acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia y que impiden, según explicaron sus abogados en los primeros días de vista, que puedan estar presentes en todo el procedimiento, que se avecina eterno, puesto que está previsto que se alargue hasta junio.
Pese a que la distancia es el principal motivo expuesto por los abogados para conseguir que se les exonere de esta obligación, también se han escuchado otras exposiciones cuanto menos curiosas, como la del letrado de Estanislao Rodríguez-Ponga. El exsecretario de Estado de Hacienda, en prisión desde el pasado mes de octubre por su condena en firme en el caso de las tarjetas ‘black’, pidió el martes no tener que acudir al macrojuicio para poder prepararse los exámenes de la UNED. El tribunal le librará de ir los días de evaluaciones pero todavía tiene que decidir si accede a la pretensión y le da más plazo de tiempo.
Los hay que siguen en activo y consideran que ausentarse durante tanto tiempo de su puesto de trabajo podría suponer un riesgo. Es el caso del empresario Javier López-Madrid, el cual ya consiguió que los magistrados le dieran vía libre los días miércoles y jueves para poder realizar un "importante viaje de negocios". La defensa del exconsejero Jesús Pedroche, por su parte, dijo que reside en Logroño y desplazarse supondría “perder el empleo".
Se da la circunstancia que, de los 34 acusados por presunto maquillaje de las cuentas de 2011, solo uno de ellos, Sergio Durá, continúa trabajando en la entidad en calidad de interventor. Por ese motivo entiende que se le tiene que librar de acudir a todo el juicio dado que, además, no sabe de qué se le acusa, puesto que su llegada a Bankia se produjo después de la salida a Bolsa en julio de 2011. Este hecho derivó en el mayor rescate bancario del país, que costó al Estado 22.400 millones de euros.
Con todo, los hay que han alegado motivos radicalmente opuestos, como ocurre con algunos de los exmiembros del Consejo de Administración que ya tienen una edad avanzada, están jubilados, y supone para ellos un esfuerzo adicional tener que trasladarse casi a diario desde el próximo mes de enero a San Fernando de Henares. Otros, como José Antonio Moral Santín o Ildefonso Sánchez Barcoj plantearon al tribunal la posibilidad de ausentarse porque desconocen todavía los motivos por los que se les acusa.
Estupor del tribunal: "¿Es que nadie quiere venir?"
Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción solo actúa contra la excúpula del banco (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú Pons) por delito de estafa de inversores. Sin embargo, las acusaciones personadas en el procedimiento provocaron que, además de los arriba mencionados, se sentaran también en el banquillo los exmiembros del Consejo de Administración que aprobó unas cuentas que no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
Con todo, las reiteradas solicitudes de los prestigiosos abogados durante los dos primeros días de cuestiones previas provocó estupor entre los miembros del tribunal que dirigen el caso, hasta el punto que la presidenta Ángela Murillo, preguntó asombrada: "¿Nadie quiere venir al juicio?". Ante la ausencia de respuesta siguió dirigiéndose a la bancada de los acusados: "Que levante la mano quien quiera asistir". Mutismo en la Sala. La pelota queda, pues, en el tejado de los tres magistrados que comunicarán su decisión antes de retomar la vista oral el próximo 8 de enero.
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