Madrid, 15 feb.- Varias organizaciones de consumidores han presentado hoy ante la Audiencia Nacional un recurso contra la ley de tasas judiciales al considerar que es una norma "contraria a los legítimos derechos de los consumidores y usuarios" en el que piden, además, la suspensión, de forma cautelar, de la misma.
Las organizaciones OCU, FACUA, FUCI, CEACCU, ASGECO, AUC, CECU y UNAE han presentado el escrito en el que se centran en los defectos formales de la ley, en concreto en la "omisión" del trámite preceptivo de audiencia a las asociaciones de consumidores a través del Consejo de Consumidores y Usurarios.
Según la normativa de consumidores y usuarios, esta consulta es preceptiva, tal y como establece la legislación vigente, preceptiva por su "obvia trascendencia" para los usuarios, no solo por cuanto es el derecho de acceso a la justicia, sino porque expresamente se establecen tasas para materias tan específicas como la ejecución de los laudos de consumo.
Tampoco el Ejecutivo ha hecho "la debida consulta" sobre la norma al Consejo de Estado, ni al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, plantea cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de tasas, solicita que se anule la orden impugnada y que, como medida cautelar, se proceda a suspender su eficacia, informa la CEACCU en un comunicado.
El recurso también recoge "otras irregularidades" como "la vulneración del principio de jerarquía normativa o subsidiariamente"; "la apreciación de desviación de poder"; "la infracción del principio de la prohibición de la analogía a efectos tributarios"; o "el exceso reglamentario en cuanto al régimen de bonificaciones".
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el pasado martes que el Ejecutivo asume las recomendaciones de la Defensora del Pueblo y, por tanto, reducirá, como sugiere esta institución, la cuantía de algunas tasas judiciales que ya están en vigor.
En concreto, se introducirán "modulaciones a la baja" en las cuantías fijas y variables en primera instancia, civil y contencioso administrativo; se rebajarán las tasas en función de la capacidad económica para personas jurídicas y en ejecuciones arbitrales de consumo, y se suprimirán en procesos de ejecución hipotecaria cuando afecten a la vivienda habitual.
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