Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), más conocidos en el mundo jurídico como secretarios judiciales por su anterior denominación, amenazan con ir a la huelga indefinida después de las fiestas navideñas si el Ministerio de Justicia no cumple con lo prometido con respecto a la mejora de sus retribuciones. Así lo han advertido las asociaciones de este colectivo, que ya han convocado cuatro jornadas de paros en noviembre y diciembre, tras insistir al departamento que dirige Pilar Llop que lleve a cabo todos los compromisos adquiridos con respecto a sus salarios.
Los secretarios judiciales, funcionarios que soportan parte del peso de los juzgados y tribunales, llevan más de 10 años reclamando una subida de sueldo. A principios de este año ya celebraron varias jornadas de protesta para reivindicar la mejora de sus condiciones laborales, con especial interés en la adecuación salarial, que fueron secundadas por más de la mitad de este colectivo. Con ello, se logró que el Consejo de Ministros, a propuesta de Justicia, aprobara en abril un real decreto para incrementar el sueldo 195 euros al mes -lo que supondrá un aumento del 5,26% en su salario anual-, para hacer efectivo lo pactado en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia en diciembre de 2021. La fórmula elegida sería una enmienda al Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa.
De este modo, se pretendía asimilar el régimen retributivo de los secretarios judiciales "al sistema de grupos de población con el que ya cuentan el resto de funcionarios de nuestra categoría", recuerdan las asociaciones convocantes. No obstante, aunque la promesa era que todo ello se aplicara ya en 2022, nada de ello ha tenido lugar en el plazo esperado, lo que ha motivado que tres asociaciones hayan propuesto volver a la calle. "La ministra Pilar Llop y su equipo ministerial han incumplido uno por uno todos sus compromisos", denuncian el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) en un comunicado.
Así, las cosas los secretarios judiciales de toda España están llamados a celebrar varios días de paros los próximos 29 y 30 de noviembre y 14 y 15 de diciembre para demandar al Ministerio de Justicia que cambie de postura y resolver el "conflicto". De no hacerlo, las asociaciones avisan que "será convocada huelga con carácter indefinido tras el periodo de vacaciones navideñas". "Una huelga que supondrá la paralización de los juzgados y tribunales del país", advierte el CNLAJ.
"Actitud ausente"
En este sentido, las asociaciones aseguran que Justicia "no deja más salida que la vuelta al conflicto y a la huelga", ya que nunca han contestado a sus reiteradas peticiones de reunión, planteada en los últimos meses, para tratar de encontrar "soluciones a esta situación". Según ha expuesto el CNLAJ, el equipo de Llop mantiene una "actitud ausente" no solo por dilatar de manera "injustificada" la tramitación de los decretos para reformar la retribución de este colectivo, "alargando en el tiempo un sistema injusto y desigual al que tienen el resto de funcionarios de Justicia que dependen del mismo Ministerio"; sino por ni siquiera se ha presentado y aprobado el Estatuto Orgánico de los Letrados Judiciales.
Asimismo, el Colegio Nacional de secretarios judiciales se queja de que el Ministerio tampoco ha autorizado las prórrogas de jornada en aquellos órganos con planes de refuerzo de funcionarios; ni ha dado luz verde a la normativa reguladora de las sustituciones que "permitirá ahorrar 14 millones de euros de las arcas públicas", entre otras cosas. "Es evidente que el desprecio y la desconsideración no lo es a las asociaciones, sino a todas las letradas y a todos los letrados de la Administración de Justicia que, por otra parte, estamos llamados a tener un papel destacado y nuevas funciones en las reformas procesales y organizativas en tramitación", añade la UPSJ.
Enfado de jueces, fiscales y funcionarios
El enfado de los secretarios judiciales por la congelación de la subida salarial no es el único en este sector. Jueces y fiscales también se encuentran molestos desde que el Ministerio de Justicia comunicara el pasado mes de octubre que la mesa de retribuciones -que se debe convocar cada cinco años, pero que prácticamente nunca ha tenido grandes avances- se aplazaba sine die. Desde el Ministerio de Justicia se trató de calmar el ambiente asegurando que la intención es "retomar" la negociación "a principios de año", tal y como adelantó el 'número dos' de Llop, Tontxu Rodríguez, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.
También los funcionarios que dependen de la gestión de Justicia reclaman mejoras laborales. Los sindicatos CCOO, UGT, STAJ y CIG han anunciado en un comunicado difundido este lunes que "incrementarán las movilizaciones", sin descartar la posibilidad de huelga, si este departamento "no atienden a sus reivindicaciones". De momento, ya están preparadas concentraciones este martes ante la sede del Ministerio, así como el próximo 2 de diciembre en los centros de trabajo de la Administración de Justicia.
Los representantes de unos 45.000 funcionarios de esta administración exigen la negociación colectiva del proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, ya que, según señala, el texto en tramitación "no garantiza los actuales centros de destino ni las retribuciones y demás derechos laborales y puede suponer una importante reducción de puestos de trabajo y supresión de servicios". Por otro lado, los sindicatos también exigen la mejora de la promoción interna para la recuperación del 50% de las plazas de las ofertas de empleo público para este turno. Asimismo, denuncian que el despliegue de los nuevos Registros Civiles se está llevando a cabo de forma unilateral sin negociación colectiva, además de asignar "arbitrariamente" nuevas funciones al personal, sin tomar medidas para afrontar el aumento de la carga de trabajo originado por la puesta en marcha del programa informático DICIREG.
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