El 'roto' económico amenaza al Ayuntamiento de Madrid. El rechazo del Tribunal Supremo a los recursos contra la anulación de Madrid Central abre ahora un escenario de dudas. La incógnita está en qué ocurrirá con las multas impuestas a los infractores de esta ordenanza de movilidad desde marzo de 2019. Las decisiones judiciales abren la puerta a que el consistorio se vea obligado a reintegrar las cuantías cobradas de más de 1,3 millones de sanciones notificadas. Algo a lo que el gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida no está dispuesto. Pero fuentes implicadas en el caso consultadas por La Información advierten de una oleada de recursos de los afectados para recuperar su dinero, lo que puede poner en juego hasta 150 millones de euros recaudados desde que la zona de bajas emisiones impulsada por Manuela Carmena echó a andar, según varias estimaciones confirmadas por esta redacción.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del pasado mes de julio fue el principio del fin del plan diseñado por Ahora Madrid. El coste del mismo fue de 11 millones, según fuentes de la formación consultadas por este diario. Entonces, el tribunal dejó claro que todo el desarrollo no se hizo conforme a lo que requiere la ley. Los motivos eran el incumplimiento del trámite de información pública y la ausencia de una memoria económica suficiente, por lo que las sanciones se habrían impuesto bajo un paraguas que no se ajusta a derecho. Una circunstancia que es la que puede abrir la puerta a que el consistorio que gobierna la coalición de PP y Ciudadanos tenga que empezar a devolver una cantidad millonaria, de lo que se beneficiarían cientos de miles de ciudadanos que han recibido una 'factura' desde marzo de 2019 al haber circulado por zonas restringidas o prohibidas.
La cuantía por entrar irregularmente en los límites de bajas emisiones asciende a 90 euros. Esta cantidad puede reducirse a la mitad si el infractor decide hacer el abono en los primeros 20 días desde que recibe la notificación. Los cálculos del Ayuntamiento es que se han enviado a los conductores 1,393 millones de multas. Por lo que las arcas municipales han ingresado al menos 62.685.000 y pueden haber superado con creces los 100 millones de euros, según los cálculos de esta redacción. Una cantidad muy elevada a la que se pueden sumar las sanciones que aún no han sido tramitadas. También entrarían en la suma las que se pongan hasta que se ejecute la sentencia, al contar el consistorio con un plazo de dos meses para poner fin a la ordenanza y aprobar una nueva que la sustituya.
Los cálculos cambian si se contabilizan esas multas que no forman parte de los datos oficiales del Área de Movilidad y Medio Ambiente municipal. Según Automovilistas Europeos Asociados, la recaudación alcanza los 117 millones de euros. Otros, como la empresa Dvuelta, que fue una de las que reclamó el fin de la ordenanza en los tribunales, elevan esas cifras de manera considerable. Esta firma asegura que ya se han interpuesto hasta tres millones de sanciones, entre las confirmadas y las que aún no se han tramitado. Por lo que estiman que lo ingresado en apenas dos años puede llegar a los 150 millones de euros. Lo que equivale a casi el 3% de lo más de 5.000 millones de presupuesto del Ayuntamiento que encabeza Martínez-Almeida.
El riesgo para el Ayuntamiento
El consistorio ya ha anunciado su intención de no devolver ni un euro de las sanciones ya comunicadas a los ciudadanos. Algo que según fuentes jurídicas consultadas puede tener consecuencias negativas a medio plazo. Según destacan, habrá organizaciones y particulares que acudan a la vía contencioso-administrativa para reclamar la devolución de la multa que abonaron. Su argumento será que la norma que les aplicaron no cumplió con los trámites legales necesarios, como determinó el TSJ madrileño y ha avalado el Tribunal Supremo. Las fuentes jurídicas consideran que esto podría acabar en "condenas en costas" para el Ayuntamiento, que podrían incurrir en "temeridad y mala fe procesal", señalan. "Pueden llegar a perder el doble de lo recaudado", estiman las mismas fuentes.
En Dvuelta tienen claro que están dispuestos a recurrir todas las sanciones que estén a su alcance. "Nosotros no podemos hacer un recurso general para reclamar contra todas las multas. Pero sí exigiremos la devolución de nuestros asociados", explican desde la empresa, especializada en estos recursos. Entre las que manejan, están las de flotas de firmas que trabajan con transporte que han recibido sanciones agrupadas de hasta 10.000 euros. "El Ayuntamiento actúa como juez y parte. Interpusieron el recurso contra Madrid Central en la oposición, y ahora no quieren retornar el dinero y no lo anulan de manera inmediata. Por lo que se seguirá sancionando", lamentan. Desde esta organización también aseguran que analizarán "con lupa" los cambios que lleguen con la futura ordenanza, bautizada como Madrid 360
Fuentes municipales señalan que las 1,393 millones de multas son "actos firmes" y que por eso no cabe el reintegro de las cantidades a los afectados. Además, tienen intención de agotar los dos meses de margen que les ha otorgado la Justicia. Por lo que tendrán que acelerar su nuevo plan de bajas emisiones. Dicha normativa está pensada para aplicarse en los 21 distritos de la ciudad, lo que significa que será mucho más amplia que Madrid Central, que solo afectaba a los barrios céntricos. Una circunstancia que no significa que vaya a limitar mucho más las emisiones de CO2, según denuncian la oposición y organizaciones como Ecologistas en Acción. Almeida y su equipo tendrán que acelerar para evitar un vacío legal que pueda permitir la circulación sin límites por todo el término municipal. Un problema que se suma al del riesgo de un quebranto económico importante.
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