Más de mil ong piden más recursos para que hacienda persiga el fraude de ricos y grandes empresas

La Alianza Española contra la Pobreza, que agrupa a más de un millar de ONG y movimientos sociales, sindicales, religiosos y ecologistas, han hecho llegar a todos los miembros de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español sus propuestas, entre ellas que la Agencia Tributaria cuente con más recursos para garantizar la persecución efectiva del fraude de grandes empresas y fortunas.
Esta Alianza señaló que el número de contribuyentes por empleado en la Agencia Tributaria asciende a 1.680 en España, frente a los 627 de Holanda, los 690 de Alemania, los 790 de Francia o los 810 del Reino Unido, y destacó que el fraude fiscal, que asciende a unos 90.000 millones de euros, resta recursos al Estado y perjudica directamente a la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
Esta plataforma ha enviado sus propuestas a los miembros de la comisión de expertos, incluido el presidente, Manuel Lagares, después de que la Secretaría de este órgano haya desestimado la reunión solicitada por la Alianza el pasado mes de diciembre.
“Queremos denunciar la falta de equidad del sistema tributario español, donde las rentas del trabajo por cuenta ajena soportan la mayor parte del sistema, mientras que las grandes fortunas, empresas y transnacionales contribuyen de forma poco proporcionada y eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar por medio de figuras tributarias específicas, deducciones y otros mecanismos de ingeniería fiscal”, subrayó.
La Alianza Española contra la Pobreza señaló que el sistema fiscal tiene un gran impacto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo que consideró “imprescindible” conseguir un aumento de la recaudación, reducir el déficit y asegurar que existan mecanismos suficientes que garanticen una redistribución con justicia y equidad.
“Es profundamente indignante que exista un fraude fiscal calculado en torno a los 90.000 millones de euros en España y, mientras tanto, se recorte en derechos económicos, sociales y culturales”, añadió.
Por ello, solicitaron que se incrementen los recursos de la Agencia Tributaria en la inspección, principalmente, de grandes empresas y grandes fortunas, cuyo fraude fiscal, según afirmó, representa el 72% del fraude total, para que ésta “sea la principal tarea, en lugar de dedicar la mayor parte de recursos, como se hace en la actualidad, a las comprobaciones de fraudes de IVA y de IRPF”.
Además, reclamaron actuaciones para “neutralizar el daño que produce a la economía española la utilización de los paraísos fiscales por parte de esos colectivos”.
La Alianza Española contra la Pobreza la forman, entre otros, ATTAC España, CCOO, Coordinadora de ONG para el Desarrollo España, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), la Conferencia Española de Religiosos y Religiosas (Confer), el Consejo de la Juventud de España, Ecologistas en Acción, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, el Foro Social de Madrid; la Plataforma 0,7; la Plataforma de ONG de Acción Social, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, UGT y USO.