Miembros de la Delegación reculan ante la juez y niegan presiones tras el 8-M

La causa del 8-M vivió este jueves uno de sus días clave para tratar de esclarecer si se cometió o no delito al no suspender las marchas de la capital ante la amenaza del coronavirus. Tras escuchar al delegado del Gobierno en Madrid, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel tomó declaración a un total de 15 testigos que arrojaron luz en lo relativo a la desconvocatoria de las manifestaciones. Se trata de 15 testimonios de convocantes de actos por un lado y funcionarios de la Delegación por otro. Entre estos últimos se mantuvo un criterio en sede judicial mucho más laxo que ante la Guardia Civil puesto que si bien en una primera declaración algunos apuntaron a que se instó a desconvocar los actos, ya ante la juez suavizaron el tono y negaron presiones de cualquier tipo a los manifestantes.

Fuentes presentes en el interrogatorio consultadas por este diario detallan que los empleados que llamaron aquellos días posteriores a la marcha de la mujer negaron ante la instructora cualquier coacción o inducción para prohibir dichas manifestaciones. Según señalaron, no se obligó a nadie a echar marcha atrás aunque sí se les comentó que era lo recomendable por motivos sanitarios. De acuerdo con la versión de los empleados (entre los que se encuentran el jefe de Servicio de Seguridad Ciudadana, José Luis Sánchez) estas llamadas se efectuaron por orden del director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas.

La versión en sede judicial implica una rebaja del tono en comparación con lo que relataron a la Guardia Civil, según el atestado elaborado por los agentes. "La consigna era clara en cuanto a convencer a los convocantes de la cancelación, hasta el punto de insistir, en el caso de ser necesario, si existía negativa a ser cancelada por los convocantes", reza el atestado de los agentes en referencia a la declaración de Ignacio Ortiz, jefe de Sección del Servicio de Seguridad Ciudadana. En relación a por qué no quedaron registradas las llamadas en la base de datos de la Delegación, los empleados -al igual que hicieran ante la Policía Judicial- expusieron que desconocían los motivos. 

Mira también

La Fiscalía replica a la juez del 8-M que no está frenando el avance de la causa

La carta de Franco, en el epicentro

Las fuentes consultadas explican que en las testificales de los cinco funcionarios llamados a declarar se repitió un patrón común por parte de la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, que fue preguntar por una carta que el Delegado del Gobierno envió a sus subordinados el 13 de marzo. En la misma Franco apuntó que el Gobierno de Pedro Sánchez adoptó medidas con las que la Delegación estaba "absolutamente implicada" desde el primer momento y que tenían"absoluta prioridad para garantizar la salud de la población". Tras referirse a esta misiva, la instructora se dirigió a todos ellos para formularles la misma pregunta: "¿Qué tipo de acciones llevaron a cabo para defender a los ciudadanos?". 

Los investigadores buscan aclarar si la Delegación sabía en los días previos al 14 de marzo el riesgo real de contagio del coronavirus y si tomó medidas para frenarlo. La Policía Judicial, que sostiene que tenían información de sobra para desconvocar estos actos por el peligro que suponían, incluyó en su primer atestado las declaraciones del secretario general de la Delegación Fernando Talavera Esteso, el cual aseguró que hasta el 14 de marzo no contaron con advertencias lo suficientemente serias de las autoridades sanitarias como para conocer el alcance de este asunto. Franco, por su parte, dijo en su cita judicial del miércoles que él desde el día 9 de marzo ya adquirió consciencia aunque negó categóricamente que el aumento de contagios en 24 horas se debiera a la afluencia del 8-M. 

Mira también

Franco desliza a la juez que echó en falta una advertencia del Gobierno de Ayuso

La estrategia de la Abogacía

Tras escuchar a los funcionarios, llegó el turno de los convocantes de las marchas. Hasta un total de diez personas desfilaron por sede judicial para ratificar, en su gran mayoría, el atestado que recogía sus entrevistas con el Instituto Armado. Todos ellos negaron presiones de cualquier tipo por parte de los empleados de la Delegación pero sí reconocieron las llamadas en aquellos casos en los que no cancelaron por voluntad propia. Así, por ejemplo, el presidente de la asociación de agricultores Apag, Juan Metidieri, explicó que le contactaron desde la Delegación pidiendo declinar por motivos sanitarios. Su negativa propició que la Delegación plasmara por escrito su interés de que anulase el acto previsto para mediados de marzo. 

Hubo otros casos en los que se adelantaron a la Delegación y trasladaron su intención de no acudir a la convocatoria anunciada, como ocurrió con el colectivo de afectados Fórum Afinsa. Uno de sus miembros, Luis Concha Quintana, confirmó a la juez que no recibió llamada alguna porque el 2 de marzo envió un correo para desconvocar la marcha prevista para el día 13. No obstante, también hubo algunas rectificaciones del polémico atestado policial. La portavoz de la Asociación de personas Aptas sin Ayudas de Alquiler, Diana Chnaiker, ratificó el atestado pero dijo que no se dieron órdenes en ningún momento. "Lo único que me pidieron es que mandara un documento diciendo si comprendía la emergencia del estado de alarma y si podía poner por escrito que no íbamos a acudir debido a la situación en la que nos encontrábamos", dijo a los periodistas al término de su testifical. 

Sus declaraciones fueron muy rápidas -algunas apenas se alargaron unos 15 minutos- pero en casi todas intervino la abogada del Estado Rosa María Seoane para preguntarles en concreto por la intervenciónn de la Delegación. Su objetivo es probar que no se forzó ni presionó a ningún manifestante a desconvocar sus actos. Se trata de una estrategia compartida por la Fiscalía, la cual tampoco ve delito en la actuación de Franco, frente a la tesis de la Policía Judicial que considera que se actuó de manera indiscriminada aquellos días, prohibiendo algunos actos y dando vía libre a otros. El siguiente paso en el procedimiento es el análisis de la documentación requerida a la Comunidad de Madrid y Ayuntamiento sobre los actos de toda índole (ferias, eventos deportivos, culturales) que se celebraron en la capital entre los días 5 y 9 de marzo.