El Cairo, 13 jun.- El Ministerio egipcio de Justicia emitió hoy un decreto que autoriza a la policía militar y a los Servicios de Inteligencia del Ejército a arrestar a civiles por determinados delitos de derecho común.
La medida, que estará en vigor desde mañana jueves hasta que se redacte y aplique la nueva Constitución, ha provocado las críticas de los movimientos pro derechos humanos, ya que en su opinión cuestiona el compromiso de los militares de abandonar el poder el próximo 30 de junio y cederlo a un civil elegido en las urnas.
En un comunicado, 16 grupos egipcios pro derechos humanos mostraron su sorpresa y su oposición al decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado y firmado por el ministro de Justicia, Adel Abdel Hamid.
En opinión de estas organizaciones, la norma abrirá la puerta a la "represión de las formas legítimas de movilización política y social", incluidas las manifestaciones o huelgas, ya que entre los delitos que se contemplan destacan daños a la seguridad del estado, la desobediencia civil y la difamación a las autoridades.
Asimismo, se incluyen los ataques a edificios públicos, la obstaculización del tráfico, del transporte público y de la libertad de trabajo, agregan.
En declaraciones a Efe, el abogado Gamal Eid, de la Red Árabe para la Información sobre Derechos Humanos, explicó que el decreto entrará en vigor aunque "el Parlamento podría frenar esta decisión creando una nueva ley que lo suprima".
La agencia oficial de noticias local Mena informó, por su parte, de que el objetivo de la medida es preservar la seguridad por parte de las Fuerzas Armadas con la colaboración de la Policía, que desde la supresión el pasado mayo de la ley de Emergencia era el único cuerpo que tenía esas atribuciones.
La citada medida de excepción, en vigor desde 1981 bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, quedó anulada el pasado 31 de mayo después de que la Junta Militar que gobierna el país de forma transitoria desde la caída en febrero de 2011 del presidente Hosni Mubarak decidiera no renovarla.
Desde que fuera instaurada, esa ley permitió la supresión de la libertades de prensa y asociación, la ampliación de los poderes de los órganos de seguridad y la anulación de los derechos civiles y políticos.
Egipto atraviesa un momento crucial en su periodo de transición política, marcado por la próxima elección de su nuevo presidente y la redacción de la futura Carta Magna, cuestiones esta última envuelta en polémica.
El próxima fin de semana, los egipcios están convocados de nuevo a las urnas para elegir su primer mandatario civil en más de medio siglo, puesto al que optan el islamista Mohamed Mursi, miembro de los Hermanos Musulmanes, y Ahmed Shafiq, último primer ministro de la era Mubarak.
En cuanto a la Constitución, el Parlamento designó ayer martes una asamblea de cien miembros en una compleja y controvertida votación boicoteada por las fuerzas liberales.
Estos grupos volvieron a expresar su oposición con el argumento de que los islamistas pretenden monopolizarla, después de que la justicia invalidase en abril un asamblea anterior que también fue boicoteada por los laicos.
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