El ministro de Energía, Álvaro Nadal, quiere aumentar el control sobre el cierre de centrales eléctricas de carbón y nucleares. Lo intentó vía decreto y fracasó. Pero cuenta con viento a favor: las discrepancias internas en el PSOE. Dos reuniones, una de presidentes autonómicos celebrada el 19 de febrero en León y otra celebrada el 15 de marzo en la sede del socialista de Ferraz entre la dirección y responsables autonómicos socialistas de Asturias, Castilla-León y Aragón han reforzado las posiciones de Nadal. Ya no hay oposición frontal. El PSOE esperará a conocer la proposición de ley que ha elaborado Energía para fijar su posición.
En febrero se reunieron en León los presidentes de cuatro comunidades autónomas: Galicia, Asturias, Castilla-León y Aragón. Sobre la mesa, la financiación autonómica y la despoblación. Tres de ellas, Asturias, Castilla-León y Aragón alcanzaron un pacto para defender la minería del carbón y las centrales térmicas que lo utilizan. El objetivo, evitar la devastación de comarcas enteras.
Dos de las tres comunidades conjuradas, Asturias y Aragón están gobernadas por el PSOE, partido que defiende el cierre paulatino de las centrales nucleares y más contaminantes, siempre que se adopten planes para prevenir sus efectos en la economía de las zonas afectadas. Las diferencias no han pasado desapercibidas. El Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal mantiene los planes para aumentar el control sobre el cierre de centrales y ha enviado un borrador de la proposición de ley que quiere negociar en el Congreso a otros ministerios afectados como el de Economía y el de Agricultura y Medioambiente.
El PSOE se opuso frontalmente al primer intento de Nadal para regular por decreto el cierre de centrales. Pero las diferencias internas han templado la postura. Fuentes de la dirección del partido explican que no se posicionarán sobre la proposición de Nadal "hasta que no la conozcamos".
Las grietas en el partido quedaron también de manifiesto en la reunión convocada en Ferraz a finales de la semana pasada entre la dirección del partido y responsables socialistas de Asturias, Castilla-León y Aragón. A la reunión no asistieron ni el presidente asturiano, Javier Fernández, ni el presidente aragonés Javier Lambán. Pero, según fuentes cercanas al encuentro, sí aparecieron sus ideas: la necesidad de mantener las centrales de carbón al menos hasta 2030 y las consecuencias de aprobar cierres que, en el caso del carbón, no sólo afectaría a comarcas mineras, sino a la actividad logística portuaria ya que en 2107 se importaron hasta 17,5 millones de toneladas de carbón.
"Hay un lío bestial", reconoce un experto que ha asesorado al partido en cuestiones de energía desde hace años y que pide anonimato. "Nadal (el ministro de Energía) tiene la razón política para pedir que el Gobierno intervenga en el cierre de centrales con criterios de planficación; las empresas, por su parte, tienen la razón jurídica para administrar sus activos y están apoyadas por la CNMC y Bruselas y al PSOE le gustaría apoyar la razón jurítica de Nadal, pero para hacer lo contrario que El Gobierno, esto es cerrar progresivamente las centrales nucleares y el carbón". Efectivamente, un lío.
Posición de la CNMC
Sobre la posición del PSOE ante Nadal, la presidenta del partido, Cristina Narbona, recuerda que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) se manifestó en contra de los planes de Nadal, por lo que si no los modifica "no tienen viabilidad".
El Ministerio de Energía, por su parte, explica que ha mandado el borrador de la proposición de ley a los ministerios implicados. El texto, recuerda el departamento, tendrá que ser debatido y enriquecido en comisión. La base del nuevo documento sigue siendo el mayor control de los cierres de centrales, no sólo por razones de garantía de suministro, sino también económicas, como contemplaba el anterior borrador de decreto. Además, se incorporan las recomendaciones de la CNMC.
Mientras Nadal consolida posiciones, el PSOE intenta fijar la suya. Esta semana, el grupo socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a aprobar un programa decenal de actuaciones para la transición energética en territorios especialmente vulnerables por el peso significativo que tiene en ellos el carbón y la generación nuclear.
Entre otras cosas, la proposición pide al Gobierno que defina el papel del carbón autóctono como reserva estratégica; que se incorpore a todas las iniciativas europeas e internacionales para promover la transición energética justa de territorios vulnerables, que cree una unidad especializada que garantice el máximo acceso a fondos comunitarios y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y disponga incentivos para acelerar la concreción de las actuaciones.
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