Ginebra, 5 mar.- Los ataques indiscriminados y el sitio de áreas pobladas por civiles llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales sirias están provocando muertes en masa, hambruna y malnutrición, según denunció hoy la comisión de la ONU que investiga las violaciones a los derechos humanos cometidas en Siria.
"Más de 250.000 personas están sitiadas en Siria, sujetas a implacables bombardeos y bajo fuego de artillería. Se les deniega la ayuda humanitaria, la comida, necesidades básicas como ayuda médica y deben elegir entre la rendición o la hambruna", reza el informe de la comisión, auspiciada por la ONU.
"El sitio como arma de guerra se emplea en un contexto de atroces violaciones a los derechos humanos y a la ley internacional", añade el texto, la séptima recopilación redactada por la comisión en base a 563 entrevistas realizadas y a otras evidencias recogidas desde el 15 de julio de 2013 al 20 de enero de este año.
La comisión, presidida por el profesor brasileño Paulo Sergio Piñeiro, acusa a la comunidad internacional de ser corresponsable de lo que sucede en Siria, tanto a los miembros del Consejo de Seguridad (China, Francia, EEUU, Reino Unido y Rusia), como a los Estados que colaboran con algunas de las dos partes en conflicto (Arabia Saudí, Catar, Irán, entre otros) aunque éstos últimos no se citan explícitamente en el texto.
"Donantes privados, así como asesores extranjeros que ofrecen asistencia operacional son responsables de los actos cometidos bajo su control".
"Actores externos que apoyan a los beligerantes financiera y logísticamente tienen obligaciones bajo la ley internacional. Los Estados no deberían autorizar la transferencia de armas si hay riesgo de que ello sea usado en la comisión de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. En Siria ha quedado documentado que este riesgo es real", alerta el documento.
Los miembros de la comisión denuncian que la inacción de los miembros del Consejo de Seguridad "ha dejado espacio para la proliferación de actores en Siria, cada uno con su propia agenda y contribuyendo a la radicalización y al aumento de la violencia".
Con respecto a las violaciones cometidas, el texto acusa a ambos bandos de haber cometido "masacres".
La comisión denuncia que las fuerzas gubernamentales llevan a cabo de forma sistemática asesinatos, torturas, violaciones de mujeres, reclutamiento de niños, asedios, y bombardeos de población civil, entre muchos otros, por lo que acusa al Gobierno de Bachar al Asad de cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
A los diversos grupos de la oposición, en el texto se los acusa de cometer crímenes de guerra por torturar, asesinar, violar, desaparecer, reclutar niños y obligar a desplazamientos forzados.
El informe especifica que las fuerzas opositoras se cebaron especialmente con el personal médico, los religiosos y los periodistas.
Con respecto al uso de armas químicas, la comisión ha determinado el uso de gas sarín "en múltiples ocasiones", pero no ha podido determinar con absoluta certeza quién fue el responsable de su uso.
"La absoluta impunidad que impregna el conflicto, que ya entra en su cuarto año, es absolutamente inaceptable. Los líderes de ambas partes deben ser responsables de las violaciones cometidas por sus miembros y deben actuar para frenarlas", afirmó Pinheiro al presentar el informe.
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