Sábado, 04.04.2020 - 02:01 h
De entre 200.000 y 750.000 euros 

Los Pérez-Maura y De la Joya abonan las fianzas impuestas por el juez de Villarejo

Los cinco detenidos por pagos al comisario jubilado para evitar la extradición de Ángel Pérez-Maura consigan las cuantías en la Audiencia Nacional.

A Villarejo se le ha denegado repetidamente la puesta en libertad (Foto: EFE)
Villarejo habría cobrado cerca de 10 millones de euros por su gestión en este caso. / EFE.

Los hermanos Ángel y Álvaro Pérez-Maura y el empresario Adrián de la Joya han abonado las fianzas impuestas por el magistrado de la Audiencia Nacional al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón. El instructor dejó en libertad a los cinco detenidos en el marco de esta pieza por pagos al comisario jubilado aunque sujeta al pago de cauciones que oscilan entre los 750.000 euros y los 200.000 euros y las cuáles ya se han consignado en su totalidad, según confirman a este diario fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio un plazo de siete días a los Pérez-Maura así como a De la Joya, al abogado Enrique Maestre y al empresario Javier Soucheiron, tras un interrogatorio que se alargó 14 horas en sede judicial el pasado 10 de mayo. Los cinco fueron detenidos esa misma semana en el marco de un operativo puesto en marcha por agentes de la Policía Nacional y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que incluyó registros en domicilios y sociedades vinculadas a los hechos que se investigan en esta pieza. Los acusados han cumplido con los requisitos y han abonado las fianzas con transferencias en el caso de los Pérez-Maura y hasta con fianza hipotecaria en el caso de De la Joya, según las fuentes consultadas.

En concreto, el magistrado al frente del macroprocedimiento Tándem investiga los abonos que efectuaron desde la mercantil A Pérez y Cia al entramado empresarial de Villarejo para frenar el proceso de extradición abierto en la Audiencia Nacional contra el principal acusado Ángel Pérez-Maura y reclamado por las autoridades guatemaltecas por un caso de corrupción vinculado a la mercantil Grup Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). De hecho, la otra pata de la investigación se centra en el pago de una comisión de 30 millones de dólares entre los años 2012 y 2015 al entonces presidente del país centroamericano Otto Pérez Molina y su ‘número dos’ Roxana Baldetti.

El instructor, que les imputa a todos ellos delitos de falsedad, cohecho y encubrimiento, acordó su puesta en libertad provisional pese a que los fiscales del caso solicitaron medidas más restrictivas para todos los investigados. En concreto, al término de los interrogatorios solicitaron prisión incondicional para Ángel Pérez-Maura; prisión sujeta al pago de fianza de 3 millones de euros para su hermano Álvaro; prisión eludible con caución de 3 millones de euros para el empresario Adrián de la Joya (a quien atribuyeron delito de pertenencia a organización criminal) y libertad sujeta al pago de una fianza de un millón de euros en el caso de Maestre y Soucheiron.

Este último era el CEO de la mercantil propiedad de los hermanos Pérez Maura la cual fue la adjudicataria de la construcción y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal a través de su filial guatemalteca. La Fiscalía Anticorrupción sospecha que los sobornos a los exmandatarios del país centraomericano tendrían como fin conseguir esta licitación si bien los principales acusados negaron estos hechos en sus densos interrogatorios ante el magistrado instructor. Las fuentes consultadas explican que se desvincularon de irregularidades y que contrataron los servicios del comisario jubilado por mediación del abogado Enrique Maestre mientras que De la Joya fue el que gestionó los pagos. 

Investigación contra Juan José Suárez

Además, esta pieza de la causa -bautizada como Pit- también indaga el papel que pudo tener Villarejo en la investigación abierta contra Juan José Suárez en Guatemala. Los empresarios Pérez-Maura buscaron con el millonario contrato que el principal acusado de Tándem interviniera para frenar las diligencias abiertas contra Suárez, exdirectivo de TCB, acusado de intervenir en el soborno al expresidente guatemalteco. Sin embargo los ahora investigados alegaron que pensaban que los pagos eran legales y que no se produjo irregularidad alguna con la contratación del grupo Cenyt.

En lo que respecta a la extradición de Ángel Pérez-Maura, se denegó en mayo del pasado año. El expediente se incoó el 27 de abril de 2016 y se tramitó por el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, de la que es titular el magistrado Ismael Moreno. La primera vista de extradición se celebró en febrero de 2018 y en la misma el naviero mostró su negativa a que la entrega se hiciera efectiva lo que provocó que las actuaciones se elevaran a la Sala de lo Penal. Los magistrados de la Sección Cuarta practicaron una vista de extradición en mayo del pasado año y en la misma se denegó definitivamente la petición.

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