El nexo de unión de los últimos jefes de la Policía Nacional con el comisario jubilado José Manuel Villarejo está cobrando cada vez más relevancia dentro de la causa penal que investiga sus encargos de espionaje. Tanto es así que el papel del Ministerio de Interior en este caso ya no queda ceñido únicamente al seguimiento que se hizo a Luis Bárcenas y que se costeó con dinero público, sino que también salpica a otras partes de la investigación. Por ello, uno de los empresarios imputado en la pieza de la causa bautizada como 'Pit' ha pedido al juez que cite a declarar en calidad de testigo a tres personas clave en el entorno de Villarejo; los exmandos policiales Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino.
La excúpula policial apoyó sin fisuras al agente encubierto en diversas cartas entregadas a la Audiencia Nacional y que obran tanto en la pieza principal como en esta concreta, en la que se investiga el pago a Villarejo de más de 7 millones de euros por parte de los hermanos Pérez-Maura para frenar la entrega a Guatemala de uno de ellos. Sin embargo, los empresarios que se han visto salpicados en este encargo concreto dan un paso más y piden al magistrado Manuel García Castellón que les tome declaración en aras a esclarecer la licitud del entramado del comisario.
De este modo, el empresario Armando Mateo Flandorfer ha remitido un escrito al magistrado en el que explica que es "absolutamente relevante" que Linares, Díaz-Pintado y Pino (este último imputado en otras piezas del procedimiento) presten declaración en sede judicial para refrendar lo expuesto en sus cartas. En las mismas, los excomisarios de Policía que ostentaron los cargos más altos dentro de la Dirección Adjunta Operativa aseguraban que en el cuerpo eran conocedores de los negocios privados de Villarejo y no solo eso, sino que, además, "fueron consentidos y promovidos" por las máximas autoridades.
Investigación desde Interior
Flandorfer, empresario vinculado a Ángel y Álvaro Pérez-Maura y que medió en sus negocios en Guatemala, recoge en su escrito que existió una investigación interna en el Ministerio del Interior sobre el entramado empresarial del principal acusado en el caso Tándem y que concluyó de manera positiva para él. Adjunta informaciones periodísticas acerca de la negativa de la Policía en abril de 2015 a abrirle expediente sancionador por el entramado en el que también está implicado su socio Rafael Redondo y del que se valieron para otros encargos investigados en la trama como los firmados por el BBVA.
Una de las principales tesis de Anticorrupción es precisamente que tanto Villarejo como otros exaltos cargos policiales imputados en la causa, como Carlos Salamanca o el exDAO Enrique García Castaño 'El Gordo' se valieron de los puestos clave que ostentaban en la Policía para acometer los encargos de espionaje con los medios que disponían en determinados departamentos como la Comisaría General de Información desde los que averiguaron datos de carácter bancarios, económicos y de otra índole, todos ellos de carácter confidencial. Estos hechos serían constitutivos de delito puesto que estas actividades parapoliciales no serían compatibles con su labor de funcionario público en el momento de los hechos.
Las misivas, aportadas a la causa por el empresario de la jet Adrián de la Joya y fechadas en enero de 2018, muestran un respaldo claro a Villarejo e incluso recogen la manifiesta enemistad de éste último con el hasta hace unos meses director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán. Eugenio Pino, sobre quien pesa una petición de libertad bajo fianza de 50.000 euros tras declarar a comienzos de semana, explicó en su carta que Villarejo realizó "significativos informes de inteligencia" en el ámbito de la corrupción política y del terrorismo.
Cobertura a la Policía
El exsubdirector de la Policía Nacional entre 1986 y 1994, Agustín Linares, dijo que las "actividades empresariales" de Villarejo "eran conocidas por los mandos policiales competentes y servían de cobertura para realizar actividades de investigación que de otro modo no se hubieran podido realizar". Su sucesor en el cargo, Pedro Díaz-Pintado, añadió que Villarejo nunca recibió dinero público por esta actividad y no tuvo acceso a las bases policiales de información en tanto se trataba de un agente encubierto que no llegó a disponer de despacho en la Policía ni coche oficial.
La declaración que puedan prestar los últimos jefes policiales desde el año 1986 son determinantes para los principales acusados en esta cuarta pieza del procedimiento en la que se investigan los pormenores del presunto encargo ilícito que hicieron los navieros Pérez-Maura a Villarejo. El objetivo de los empresarios cántabros era conseguir, por un lado, frenar la extradición de uno de ellos, y por otro, poner coto igualmente a una investigación abierta en Guatemala por presuntos sobornos de hasta 30 millones de euros al expresidente del país Otto Pérez-Molina y su exnúmero dos Roxana Baldetti a cambio de conseguir la explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal.
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