Grandes compañías propietarias de vivienda en España, entre ellas varias controladas por el fondo de inversión estadounidense Blackstone, han propuesto ceder al Estado 30.000 pisos durante 25 años para familias vulnerables en régimen de alquiler social, pero la negociación con el Gobierno no avanza. La iniciativa está basada en el "modelo irlandés", en el que el gran tenedor puede acogerse, a través de un concurso público, a un programa de cesión de viviendas por 25 años al Estado, que se convierte en arrendatario y le paga un alquiler con un descuento de entre el 15% y el 20% y con un derecho de subarriendo a las comunidades autónomas y ayuntamientos.
La oferta, que obra en poder del Ministerio de Transportes, la ha hecho pública el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce, en nombre de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), teme que las reticencias de Unidas Podemos sean lo que está frenando su desarrollo, según fuentes del sector. Asval representa, entre otros propietarios, a Testa y Albirana Properties, del fondo Blackstone; Iante, del también fondo de inversión estadounidense Ares Management; promotoras como Aedas Homes y La Llave de Oro y compañías especializadas en alquiler asequible como Tectum Real Estate.
"Yo recomendaría una gestión privada al dictado de lo público. Que sea la comunidad o el ayuntamiento el que dirige, pero con gestión privada, porque hay que estar 24 horas los siete días de la semana ante cualquier incidencia", explicó Mendiluce hace unos días en la jornada anual del Club Inmobiliario de Esade.
Casas que están vacías o con familias en situación de irregularidad
Desde el sector recuerdan que la cifra de las 30.000 viviendas que se podrían movilizar por esta vía la lanzó hace más de un año el propio secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, dentro de su objetivo de conseguir 100.000 unidades en alquiler asequible. Señalan que un parte de las 30.000 serían casas que ahora están vacías y que podrían dar respuesta a la emergencia habitacional de miles de personas que están en lista de espera.
Otra parte serían activos que están ocupados por familias en situación de irregularidad, a las que entienden que debe ser la administración pública la que se responsabilice de ellas, no la iniciativa privada. La administración regularizaría su situación con un nuevo contrato y un alquiler mensual de entre 200 y 400 euros. Esto supondría un gasto anual para el Estado de entre 72 y 144 millones de euros, lo que estas compañías consideran un coste "ridículo" para ayudar a solucionar problemas de emergencia habitacional y ocupación ilegal.
Las reticencias de Unidas Podemos
Aunque el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana no ve la medida con malos ojos, alega que las competencias en materia de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas y que, por tanto, debería ser con ellas con las que los grandes tenedores llegaran a acuerdos. Estos, sin embargo, ya han dejado claro que solo firmarán un acuerdo estatal, que es lo que les da garantía financiera: "Nadie va a firmar con diecisiete comunidades autónomas, para nada", lleva días repitiendo Mendiluce, considerado el hombre fuerte de Blackstone en España.
"Entiendo que digan que es un problema llegar a acuerdos con diecisiete comunidades. Vamos a ver si conseguimos la manera de revertir la práctica, pero no es nada fácil", le respondía en Esade el director general de Vivienda, Francisco Javier Martín, mientras que la ministra Raquel Sánchez aseguraba días después que continúan "explorando las fórmulas de colaboración". Desde el ministerio señalan a Efe que la propuesta está todavía "en una fase de análisis" y que "no está decidido cómo se articularía ese instrumento", e insisten en que cualquier propietario ya puede ceder viviendas suscribiendo acuerdos con las comunidades autónomas.
Sin embargo, promotoras y gestoras de activos residenciales en alquiler lo que buscan es un "modelo que sea escalable", para que interese a los inversores internacionales que buscan rentabilidades seguras a largo plazo. "Hagamos un modelo de éxito que sea escalable. Si coge volumen y lo hacemos un poco bien, vendrá la industrialización y transformaremos el sector", opina el consejero delegado de Culmia, Francisco Pérez Medina.
En el sector consideran que las reticencias de Unidas Podemos a la colaboración público-privada estarían obstaculizando políticamente que el "modelo irlandés" viera la luz en España. El modelo de Podemos es el de exigir por ley a fondos y empresas que arrienden el 30% de sus pisos obligatoriamente a precio regulado, como puso de manifiesto en la negociación con su socio de gobierno socialista del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. "Estamos hablando con el ministerio desde Asval, pero avances hay pocos. Pedimos que nos sentemos a hablar para formalizar el contrato desde la concurrencia pública. Aunque sea con cargo a los presupuestos del año que viene, que la estructura la empecemos a montar ya, porque la emergencia habitacional es lo suficientemente grave para que nos pongamos a trabajar ya entre todos", ha insistido en las última horas Mendiluce.
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