Podemos da una vuelta de tuerca más a la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial y reclama al PSOE ser parte activa del acuerdo, tras pedir a sus socios de Gobierno que no cedan a las presiones de voces que invitan a excluirles de la negociación. Los morados han hecho pública su exigencia tras la renuncia de Carlos Lesmes al frente del órgano de gobierno de los jueces, y una vez en marcha la reunión que junta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para tratar de alcanzar un acuerdo.
Podemos ha advertido al PSOE de que debe garantizar, como miembro "legítimo" del Ejecutivo, su papel como "sujeto activo" y "protagónico" en la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De esta forma, ha demandado a su socio que no dé "su brazo a torcer" y no ceda a la presión del PP que busca "excluirles" para intentar fraguar un acuerdo "bipartidista". Así lo han indicado en rueda de prensa los portavoces estatales de la formación, Pablo Fernández y Alejandra Jacinto, ante la dimisión que formalizará hoy Lesmes.
"Unidas Podemos tiene que ser parte determinante de esta negociación, tiene que estar en ella. Esa negociación no puede ser bipartidista y debe incluirnos como no puede ser de otra manera, porque somos miembros del Gobierno. Ya está bien que PSOE y PP lleven haciendo componendas con el Poder Judicial", ha lanzado Fernández. De esta forma los morados han lanzado su aviso al ala socialista de que no permitirá "conchabar" la renovación del CGPJ, que es un elemento estratégico y debe negociarse "en bloque" dentro del Ejecutivo.
Fernández ha avanzado que en próximas horas contactará con el PSOE, que conoce ya desde hace tiempo "de primera mano" su "intención y voluntad" de ser parte en la renovación del Poder Judicial. Además, el coportavoz de Podemos ha etiquetado a Lesmes como "cómplice y connivente del PP", asegurando que su dimisión llega "casi cuatro años tarde" y enmarcando su renuncia en una "operación con el PP" para mantener el "bloqueo" y "control antidemocrático" del órgano de Gobierno de los jueces.
