Martes, 17.09.2019 - 12:25 h
Montero retiene 4.700 millones 

PP y PSOE se preparan para incumplir el déficit por el 'agujero' que deja Hacienda

Ayuso, Feijóo, Moreno y el resto de barones salen en tromba a denunciar que la negativa a transferirles las entregas a cuenta les llevará a recortar.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
PP y PSOE se preparan para incumplir el déficit por el agujero dejado por Montero. / EFE

La negativa del Ministerio de Hacienda a desbloquear los 4.700 millones correspondientes a las entregas a cuenta a las comunidades ha hecho saltar todas las alarmas en los gobiernos autonómicos. Diferentes ejecutivos ya se preparan para incumplir el objetivo de déficit fijado para este año en un exigente 0,1%. La situación afecta a todos, ya sean territorios gobernados por el PP o por el PSOE. También a Cataluña, que ya ha iniciado el trámite judicial.

María Jesús Montero ha sido firme. Amparada en el polémico informe de la Abogacía del Estado ya ha dejado claro a las autonomías, sean del color que sean, que no podrá liberar, por estar en funciones, esos casi 5.000 millones que en las consejerías de Hacienda están esperando como agua de mayo. Las cuentas no cuadran y si Pedro Sánchez no logra formar Gobierno antes del 23 de septiembre estarán condenados a no disponer de este dinero.

La consecuencia del 'cerrojazo' de Hacienda ya la anticipan desde baronías del PP y también del PSOE: el déficit se incumplirá por estos millones con los que las comunidades contaban. Hicieron sus respectivos presupuestos de 2019 teniendo en cuenta estas transferencias y ahora no van a ver ni un euro. La coyuntura, por cierto, es la misma que la de 2016, cuando el Gobierno de Cristóbal Montoro retuvo los fondos hasta que Mariano Rajoy pudo ser investido.

Entre las baronías del PSOE se mantiene, de momento, el silencio respecto a esta situación: Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja... El mutis es aún más sospechoso en el caso de la Comunidad Valenciana, el territorio más combativo a la hora de reclamar los fondos que le pertenecen y, a su vez, uno de los mayores perjudicados por el modelo de financiación caducado desde 2014. Solo Javier Lambán, de Aragón, habló ayer por la tarde de la "difícil situación" a la que se va a tener que enfrentar su gobierno.

En el PP, por su parte, los dirigentes autonómicos han salido en tromba para reclamar la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El órgano de reunión de Hacienda con las Comunidades Autónomas fijó, precisamente, en julio de 2018 los objetivos de déficit e indicó a los diferentes gobiernos cómo debían elaborar sus presupuestos. Ahora, más de un año después de aquella cita, los populares reclaman un cónclave extraordinario para abordar los "problemas de tesorería" a los que van a tener que hacer frente.

Hay que recordar que el pasado mes de julio la Airef ya advirtió en su último informe de que las Comunidades tienen serias posibilidades de elevar su déficit del 0,2% al que llegaron en 2018 al 0,5% a finales de este año. La autoridad presidida por José Luis Escrivá alertaba de que un total de 11 autonomías corren el riesgo de incumplir la regla de gasto y llamaba la atención sobre Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares, que mantienen incumplimientos pendientes de ejercicios anteriores.

El PP: un real decreto arreglaría la situación

Fuentes del PP afirman a La Información que el informe de la Abogacía del Estado es insuficiente y reclaman al Gobierno en funciones un real decreto-ley para solucionar estos problemas financieros de las autonomías. Ese decreto, añaden, sería convalidado por el Congreso sin problemas y estaría motivado en una cuestión de urgente necesidad para las comunidades para que no incumplan el objetivo de déficit.

Desde Génova alertan de un previsible incumplimiento del déficit por parte de la Administración General del Estado (AGE) y recuerdan los famosos 'viernes sociales' del Gobierno. Estas medidas, según la Airef, supusieron un coste de 920 millones y sumaron una décima más al déficit. Los populares no descartan acudir a los tribunales y presentar un recurso contencioso-administrativo.

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