El Gobierno de coalición está negociando el nombramiento unilateral de dos nuevos jueces del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y cuyo mandato caduca en apenas nueve días. El próximo 12 de junio finaliza el periodo legal de una pareja de magistrados propuestos por el Gobierno y otro par elegido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces ha llevado a Moncloa a plantearse un movimiento que, de efectuarse, rompería la mayoría conservadora que impera en el TC. Las conversaciones llevan varias semanas en marcha entre PSOE y Unidas Podemos y no se descarta proceder si el PP sigue manteniendo "el veto" a renovar el Poder Judicial, señalan fuentes gubernamentales.
Las conversaciones en el seno del Gobierno de coalición las lideran el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago. Ya han barajado varios candidatos para esos dos puestos que las mismas fuentes se niegan a revelar. No hay una decisión tomada, no obstante, porque el Gobierno alberga serias dudas legales. Para ello se han solicitado informes jurídicos que, lejos de aclarar la situación, han contribuido a generar más confusión. Siempre según explican desde el Ejecutivo, algunos constitucionalistas consideran que no habría impedimento legal para proceder a este nombramiento unilateral por parte del Gobierno, mientras que otros especialistas plantean que podría ser inconstitucional.
Los magistrados cuyo mandato caduca en apenas 10 días son Pedro González-Trevijano (actual presidente) y Antonio Narváez, que fueron elegidos a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy; Juan Antonio Xiol (vicepresidente) y Santiago Martínez-Vares, que fueron elegidos por el CGPJ. De este modo, la designación de dos magistrados por parte del Ejecutivo de Sánchez le garantizaría voltear la actual mayoría conservadora. No obstante, entre los propios magistrados del Tribunal Constitucional también existe división de criterio sobre si el Gobierno debe esperar o no a que el órgano de gobierno de los jueces pueda hacer nombramientos.
"El Gobierno puede hacer su propuesta en plazo; luego el TC decidirá lo procedente", afirma uno de los magistrados consultados por La Información, que recuerda que son ellos los que finalmente valoran la idoneidad de los nombres propuestos. Se trata de un trámite habitual cada vez que se renueva a los integrantes del tribunal de garantías, si bien en esta ocasión el visto bueno podría ser difícil de obtener debido a las reticencias a que el tercio no se reemplace al completo.
"La Constitución es clara y la renovación tiene que ser de los cuatro magistrados", destaca otros de los magistrados consultados. Así, hace referencia al artículo 159.3 de la Constitución que establece que "los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres". Sin embargo, otras de las fuentes consultadas señalan que esta regla es interpretable, ya que las propuestas de nombramiento llega de la mano de dos instituciones distintas, de las cuales una de ellas se encuentra en funciones desde diciembre de 2018.
El embrollo jurídico no sólo acaba en el TC. Algunas fuentes del CGPJ consultadas por este diario también indican que no está claro si el equipo de Sánchez puede hacer sus propuestas de magistrados en solitario, mientras que otras no ven ningún problema, ya que, según indican, "no existe ningún impedimento legal". Sin embargo, sobre si el órgano de gobierno de los jueces puede llevar a cabo la elección de sus dos candidatos, inciden en que el CGPJ "está ahora mismo incapacitado para ello", pese a que el TC no sea un órgano judicial. Todo ello debido a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que sacó adelante PSOE y Unidas Podemos en marzo de 2021 para limitar las competencias del CGPJ una vez que su mandato haya expirado, como los nombramientos en la cúpula judicial.
Por ello, las mismas fuentes creen que este órgano no podrá cumplir con su parte en la elección de nuevos magistrados hasta que se solucione su situación de interinidad o hasta que el propio tribunal de garantías resuelva los recursos presentados por PP y Vox contra dicha reforma legislativa, y en caso de que la declare inconstitucional. Fuentes del TC señalan que dicha sentencia no estará lista en los próximos días. Aunque en un principio se pretendía tener preparada para antes de que expirara el mandato de los cuatro magistrados que ahora tienen que ser renovados, las mismas fuentes afirman que en estos momentos ni siquiera hay un borrador de sentencia sobre la que debatir.
Existe un precedente, que ha valorado el Gobierno, de nombramientos de magistrados del TC efectuados de forma unilateral por el Gobierno. Ocurrió en los años ochenta. El Constitucional dio sus primero pasos en febrero de 1980 con solo diez magistrados. El Ejecutivo actuó sin esperar a los jueces. Los dos restantes que cierran su composición fueron propuestos posteriormente, ya que le correspondía al CGPJ, órgano que en dichas fechas tampoco se había constituido.
El PP está esperando a la celebración de las elecciones en Andalucía para plantear al Gobierno su propuesta de renovación del CGPJ. De momento el presidente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado que su planteamiento incidirá en la independencia de los jueces y en otorgar transparencia al proceso a través del Parlamento. El Ejecutivo descarta recuperar la reformar para poder nombrar a los vocales del CGPJ estando en funciones.
En caso de que el Gobierno elija a dos magistrados del TC se pondría fin a una mayoría conservadora y se daría paso a un empate con los progresistas. UP es partidario de proceder a esta renovación el mismo día 12.
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