Sábado, 04.04.2020 - 18:20 h
Fraccionaron facturas para sortear controles

Así funcionó el entramado de Indra y la CAM: el viaje del dinero en el caso Púnica

Un total de 1,1 millones de euros fueron desviados desde las cuentas de la Comunidad de Madrid a través de la consultora, según el auto del juez. 

Indra
De la CAM a Sánchez Moyano pasando por Indra: el viaje del dinero en la Púnica. / EP

Facturas falsas, servicios que no se llegaron a prestar nunca y la entrega de sobres de dinero en efectivo. Estos son los mecanismos que utilizaban los ahora imputados en Púnica -entre los que se encuentran Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González- por la caja 'b' del PP de Madrid para desviar fondos públicos, tal y como se recoge en el auto judicial al que ha tenido acceso La Información. En total, más de 1,13 millones de euros que salieron de los caudales autonómicos y viajaron, en varias fases, hasta llegar a los bolsillos de los más de una veintena de investigados que declararán en las próximas semanas por los delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, apropiación indebida, cohecho y organización criminal en el seno de la Púnica en la Audiencia Nacional. ¿Cómo viajaba el dinero y qué papel jugaba Indra en toda esta trama?

La compañía de consultoría que acaba de ser citada como investigada por la Audiencia Nacional era una pieza clave en el viaje del dinero que se movió entre los años 2008 y 2013 en el seno de Púnica. Así lo atestigua la referida documentación judicial a la que ha tenido acceso este medio y que desgrana, paso a paso, los movimientos efectuados por los investigados. 

En concreto, la trama utilizaba al menos tres métodos para mover el dinero: la adjudicación de un contrato de cobertura desde Indra a EICO, la emisión de facturas falsas y la entrega de dinero en efectivo

El contrato de cobertura

En 2011 se licitó un contrato desde ICM (Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid), concertado entre José Martínez Nicolás, consejero delegado de este organismo, e Isabel Gallego y Salvador Victoria, exdirectora de comunicación de la CAM y exresponsable del Departamento de Presidencia, respectivamente. En este acuerdo, se costearía "encubiertamente" los trabajos de reputación personal que EICO realizaba a Ignacio González, Esperanza Aguirre y José Manuel Berzal. 

El plan contemplaba la adjudicación de dicho contrato a Indra, cuyos directivos habrían aceptado trasvasar fondos públicos desde las cuentas de ICM para el pago de los trabajos al dueño de EICO, Alejandro De Pedro. Siguiendo esta estrategia, la agencia de publicidad de la CAM licitó un contrato por 200.000 euros y en cuyo objeto se esgrimía 'Normalización de la difusión en iniciativas Open Government en el marco de las redes sociales integradas en portales Madrid.org 2011-2012'. 

Tras la adjudicación, Indra firmaría un contrato con la compañía de De Pedro, que consumaría el desvío de los fondos públicos. Para ello, se emitieron facturas mensuales que recogían "servicios que no se realizaron" y que fueron atendidas por la ahora imputada Indra. Estos recibos se emitían por pequeñas cantidades de entre 1.800 y 5.400 euros. 

Cuadro facturas
 

​Las facturas falsas a través de empresas de Sánchez Moyano

El método a través del que se desvió más dinero fue, según el auto del magistrado, la emisión de facturas falsas. En este sentido, las cantidades serían trasvasadas gracias a "presupuestos inflados" de los contratos adjudicados a Indra desde ICM. Por ejemplo, la consultora pagó en 2008 a petición de los responsables de la campaña electoral del PP de Madrid en 2007, dos facturas falsas a Swat -compañía vinculada a Juan Miguel Madoz Echevarría, colaborador habitual en la financiación del PP autonómico- por valor de 100.000 euros que no se recogieron en la contabilidad oficial del partido. 

Dos años después, en 2010, Indrá volvió a pagar facturas emitidas por sociedades vinculadas a Óscar Sánchez Moyano, otro de los 'donantes' habituales del PP, por valor de 250.000 euros. Además, Martínez Nicolás, recibió la orden de aumentar el importe de los cargos falsos que abonaba la consultora a las compañías de este colaborador del partido. A través de ellas, Indra pagó un total de 566.497 euros por servicios que, según el magistrado, nunca se realizaron. 

Una vez que la consultora pagaba las facturas que remitían las compañías de Sánchez Moyano, el dinero circulaba hacia las cuentas de otras sociedades de la trama que también emitían facturas falsas fingiendo la existencia de relaciones comerciales que no eran reales. Indra reconoció mediante un escrito remitido a la causa haber facturado trabajos que no se llevaron a cabo. 

10.000 euros en un sobre, el germen de la investigación

Según señala el auto del magistrado Manuel García Castellón, la intervención de Indra se descubrió gracias a las comunicaciones telefónicas intervenidas en la causa. En 2014, José Martínez Nicolás, en aquel momento consejero delegado de ICM, habría solicitado una "dádiva a directivos de Indra" para el pago de parte de la deuda con EICO que fue captada por los investigadores.

Esta petición fue, según la misma documentación, atendida por Indra que entregó a través de Santiago Roura, en ese momento Director General de Estrategia e Innovación de la consultora, un sobre con 10.000 euros en efectivo a Alejandro de Pedro, el 'conseguidor' de la trama, en el interior de un vehículo.  

Indra nunca activó protocolos de prevención

Indra no solo tuvo un papel crucial en el viaje del dinero de la Púnica. La consultora, según señala el auto del magistrado García Castellón, "nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos delictivos". Además, imputa a Javier Monzón, por su condición de presidente de la compañía, y a los directivos Javier de Andrés -exconsejero delegado- y Jesús Gil -antiguo responsable de los proyectos electorales-. Estos últimos habrían intervenido en la decisión de llevar a cabo los pagos a quienes se les indicaba desde los altos puestos del PP de Madrid, siempre según el juez.

En cambio, quienes ejecutaban los encargos eran, según la misma documentación, Santiago Roura, Diego Mora y Cristina Bombín del Palacio, Director de Estrategia e Innovación, Director de Sistemas y Gerente Senior, respectivamente, y ambos imputados en el procedimiento penal. 

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