Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre tendrán que rendir cuentas en la Audiencia Nacional por la presunta caja 'b' del PP regional, los días 1 y 18 de octubre, según fuentes jurídicas consultadas por La Información. El magistrado al frente del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha acordado este mismo lunes su imputación junto con la de otras personas, entre las que se encuentran el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia empresa, citados para el próximo 4 de octubre. Todos ellos tendrán que dar explicaciones en calidad de investigados de presuntas irregularidades en la financiación de las campañas electorales de 2007 y 2011.
De acuerdo con un auto recogido por este diario, el magistrado llama a declarar a un total de 57 personas, de las cuáles más de una veintena lo harán en condición de investigados por los delitos de falsedad documental, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad electoral, tráfico de influencias, revelación de informaciones privilegiadas, apropiación indebida, cohecho y organización criminal. Entre los ahora imputados se encuentran también el expresidente madrileño Ignacio González y los exconsejeros José Güemes, Manuel Lamela y Borja Sarasola. Además el juez llama a declarar al hermano de Granados, Alfonso Granados y al denunciante de esta trama Silvano Corujo.
En relación a Aguirre, el instructor explica que ocupó un papel "decisivo y esencial" en la toma de decisiones de la financiación de las campañas en las que optaba a la presidencia junto con Granados, Ignacio González y el exgerente del PP Beltrán Gutiérrez. De este modo precisa el magistrado que de las pesquisas realizadas se puede concluir que el PP regional financió de forma "opaca y fraudulenta" las elecciones de 2007 y 2011 así como las generales de 2008 -en las que fue candidato Mariano Rajoy- al superar el límite de gasto electoral que marca la Ley y ocultarlo al Tribunal de Cuentas.
"Respecto de Esperanza Aguirre, desde su condición de candidata, Presidenta del gobierno regional y del PP de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus Consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid" rezal el auto del magistrado en relación a la figura de Aguirre.
Cifuentes y la adjudicación a Arturo Fernández
Por su parte y en lo que concierne a Cifuentes, el magistrado le imputa para que rinda cuentas por la adjudicación al Grupo Cantoblanco, perteneciente al expresidente de la CEIM Arturo Fernández, del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid en el año 2009. Detalla el juez que Cifuentes integró la mesa de contratación (sin disponer de la experiencia necesaria para ello) y "valoró de forma arbitraria" las ofertas. Además, denuncia que el informe jurídico sobre la legalidad de los pliegos estaba "cargado de irregularidades" y que no se denunciaron ninguna.
García Castellón atiende de esta forma el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y lo hace cuando se cumplen casi cinco años de instrucción de una de las causas más antiguas y complejas que se siguen en la Audiencia Nacional. Las fiscales del caso Carmen García y Teresa Gálvez presentaron a principios del pasado mes un escrito de reordenación de piezas de la causa en el que han trabajado los últimos meses. El mismo redujo las patas de investigación a un total de 11 piezas y vino acompañado de la petición de imputación de cerca de 40 personas.
Cabe destacar que la citación de la expresidenta regional se produce en la recta final del procedimiento después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional limitara el tiempo de instrucción de la misma a junio de 2020. Desde el estallido del caso en 2014 y la posterior detención de Francisco Granados como cabecilla de la causa, muchas han sido las ocasiones en las que las acusaciones populares han solicitado formalmente la imputación de Esperanza Aguirre. La exmandataria popular siempre ha negado tener cualquier vínculo alguno con esta red de corrupción y preguntada por este medio en relación a su imputación ha dicho que que "jamás" hizo nada irregular y que no puede pronunciarse sobre los hechos hasta que no estudie el escrito de acusación de la Fiscalía.
La resolución del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 se produce después de que la UCO implicara en su último escrito remitido a la causa a Esperanza Aguirre en este circuito de donaciones de empresarios. Los agentes expusieron en concreto que participó en algunos encuentros con estos presuntos donantes en la sede del Gobierno regional en la Puerta del Sol. Dichas reuniones las integraron también Ignacio González, Francisco Granados, la que fuera directora de comunicación de dicho Ejecutivo, Isabel Gallego, el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela y Daniel Horacio Mercado.
Este último es figura clave en el asunto puesto que reconoció en sede judicial que Aguirre intervino en estos encuentros en los que se acordó adjudicar contratos públicos a empresas de la trama que trabajaron en las campañas electorales del PP regional. Igualmente la investigación recogió más nombres de empresas, desconocidas hasta el momento, que habrían costeado actos de los líderes populares de dichas fechas cobrando a cambio a través de Fundescam, la fundación que creó el Gobierno regional en el año 2000 y desde donde se canalizaron los pagos a los donantes del partido.
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