La versión que ha prestado la exdirigente de Podemos Dina Bousselham sobre el misterioso robo de su teléfono móvil en 2015 ha propiciado un cambio de rumbo en la investigación que sigue la Audiencia Nacional por este asunto. Su testifical de este lunes ante el juez del caso Villarejo en la que negó cualquier implicación en el estropicio de su dispositivo ha puesto en el disparadero a su excompañero de partido Pablo Iglesias, con un papel cada vez más decisivo en el Gobierno en plena crisis sanitaria. Los investigadores tratarán ahora de esclarecer qué pasó en el intervalo de tiempo en el que la tarjeta del teléfono estuvo en manos del líder de Podemos hasta que se la entregó a su dueña en verano de 2016.
De este modo, y si las diligencias siguen la línea trazada por la exdirigente regional, los investigadores se plantearán volver a citar a Pablo Iglesias en sede judicial, según fuentes jurídicas consultadas por La Información. Su primera declaración se produjo en marzo del año pasado en calidad de perjudicado. Entonces, poco o nada se sabía de los hechos que han ido descubriéndose a raíz de todos los interrogatorios y diligencias acordados. El magistrado Manuel García Castellón llamó en calidad de perjudicado al ahora vicepresidente segundo del Gobierno tras descubrir que Villarejo guardaba en su domicilio un pendrive con el volcado de datos del teléfono que robaron a su asesora en octubre de 2015.
Iglesias compareció en sede judicial y explicó que la presunta sustracción tenía como única finalidad encontrar datos confidenciales con los que auspiciar una campaña de desprestigio al partido que incluía, entre otros asuntos, implicarle una presunta financiación irregular. El avance de las diligencias que se siguen en esta pieza décima pusieron de manifiesto que la tarjeta SIM robada a la pareja de Dina y que, efectivamente, contenía tanto material privado como de la formación morada, acabó en manos de la revista Interviú, la cual decidió no publicar nada y devolverle a Iglesias el contenido. Este hecho, que el propio Iglesias confirmó en la Audiencia Nacional, se produjo en enero de 2016.
Los 'pantallazos' de la polémica
El entonces presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, le citó y le dio la tarjeta del teléfono asegurándole que le había llegado de forma anónima. Hasta la fecha no se sabe cómo recepcionaron este material. Mientras Villarejo sostiene que Dina estaría detrás de esta difusión, ella lo niega. Lo que es cierto es que Iglesias recuperó la SIM y estaba intacta entonces. Medio año después, cuando se la entregó a su dueña, la situación había cambiado. Estaba completamente destruida y ni ella misma ni la Policía Judicial han podido recuperar lo almacenado. Es por ello que el magistrado advirtió este lunes que se trata de un asunto grave y que los extremos que se estaban escuchando no estaban nada claros. "Hemos acabado por el momento. Y subrayo por el momento", sentenció al término de la cita judicial el magistrado García Castellón.
Muchas son las dudas que surgen en torno no solo al robado del teléfono sino también a su posible manipulación. Los investigadores quieren averiguar ahora si Iglesias tuvo algo que ver en que se produjera la destrucción de unos archivos que contenían, entre otro orden de cosas, capturas de conversaciones que llevó a cabo la propia Dina. Ella misma explicó en sede judicial que hizo estos 'pantallazos' para enviarlos a personas próximas. Sin embargo, algunos de estos acabaron viendo la luz en varios medios de comunicación. Es el caso de los famosos chats que Iglesias intercambió con su compañero de filas Juan Carlos Monedero en los que hablaban de Mariló Montero, de la que dijo que la "azotaría" hasta que sangrara.
Este hecho llevó al fiscal Anticorrupción Miguel Serrano a preguntarle a la exasesora de Iglesias si fue ella la que los difundió en el marco de una posible enemistad con su exjefe. Ella lo negó categóricamente y restó credibilidad a esta teoría. También rechazó que hubiera recibido órdenes de algún tipo para ampliar su denuncia en verano de 2016. A los investigadores les llama poderosamente la atención que ocultara este detalle en su primera declaración en la Audiencia Nacional. Tampoco habló de este asunto cuando fue interrogada por Asuntos Internos en diciembre de 2018. "¿Por qué amplió usted la denuncia si ya había recibido de manos de Iglesias su teléfono?", le preguntó ayer el magistrado. Bousselham respondió que lo hizo porque, aunque tenía el dispositivo físico, seguía sin poder acceder al contenido del mismo.
Cambio de argumento
Aunque en un primer momento se habló de una relación íntima con Iglesias, Bousselham insiste en mantener que eso es falso. Tampoco se trató este lunes el papel que tiene su pareja en todo este asunto ya que fue al que se le sustrajo la chaqueta en cuyo interior se encontraba el teléfono. Sin embargo, las insistentes preguntas de los investigadores sacaron a la luz una nueva contradicción. Bousselham no contó hace un año en sede judicial que el móvil lo recibió Iglesias de manos de Asensio, un hecho que ahora sí ha admitido. Según dijo, era conocedora de la reunión del empresario con su exjefe y de que éste recibió la tarjeta en perfecto estado. De hecho, reveló que al recibirla completamente destrozada recurrió a los servicios de una empresa para que le ayudara a recuperar el material eliminado, aunque no hubo éxito.
De este modo la investigación, que siempre pivotó en torno al robo del teléfono, deriva ahora en nuevas vías tales cómo la destrucción mismo. Lo cierto es que entre el abundante material que la Policía Judicial intervino en casa de Villarejo se encontraba el pendrive y, además, documentación que guardaba relación directa con el dispositivo. Los agentes constataron en un oficio de mayo del año pasado que todos estos documentos coincidían con la información publicada en prensa en contra del partido. Destacan, entre ellos, el dossier 'Salvados cara a cara Rivera vs Iglesias' y 'Estrategia de comunicación del secretario general'. Los investigadores también analizaron una información que hacía referencia al informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre una presunta financiación irregular del partido.
Este informe también ha sido objeto de debate, pues mientras la defensa de Iglesias ha solicitado en numerosas ocasiones que se investigue en el marco de esta pieza décima del caso Tándem, el magistrado ha ido denegando estas peticiones al considerar que este documento no forma parte del objeto de esta pata concreta de la macrocausa. Cabe destacar que el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño expuso ante el juez que este documento sobre una presunta financiación de Venezuela e Irán lo elaboró el comisario Andrés Gómez Gordo. El mismo está investigado en el marco de la pieza 'Kitchen' sobre el espionaje a Luis Bárcenas y fue asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios