El magistrado de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha dado luz verde a la petición de la Policía Nacional de volver a copiar toda la información incautada al comisario jubilado José Manuel Villarejo relativa al robo del móvil de una asesora de Pablo Iglesias que se habría llevado a cabo en el marco de una campaña de desprestigio contra Podemos, como cuando se le atribuyó una presunta financiación irregular. El magistrado de refuerzo del juzgado que investiga todos los encargos al agente encubierto asegura que se trata de una diligencia "indispensable" para esclarecer los hechos que se investigan en la décima pieza del caso Tándem, bautizada como 'Dina'.
El auto, al que ha tenido acceso La Información, detalla que es necesario acometer esta nueva copia de seguridad del disco duro que almacena todos los documentos incautados en los registros porque se han detectado un total de 12 errores relacionados o bien con la transcripción de firmas digitales, o bien con que no se hayan custodiado como es debido las copias que realizan los investigadores de todos los archivos requisados en la investigación. Para ello, es determinante que el proceso se lleve a cabo con todas la garantías para avalar así la cadena de custodia de todos los efectivos intervenidos. De producirse alguna irregularidad en el proceso, se podría dar pie a la petición de anulación de actuaciones, con todo lo que ello conlleva.
El magistrado explica en este auto que la diligencia que pide la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional es "del todo coherente" en supuestos en los que se produzca un error en la transcripción del valor 'hash'. Este consiste en un algoritmo criptográfico que, en el caso que nos ocupa, se asigna a la copia que se hace de todo lo intervenido toda vez ha sido desprecintado en sede judicial. Cualquier mínima modificación o variación que sufra esta huella digital implicaría una alteración de la cadena y daría un resultado completamente diferente al original, por lo que esta firma electrónica lo que hace es garantizar la autenticidad del material.
El espionaje a Pablo Iglesias
Es por ello que se trata de una diligencia trascendental teniendo en cuenta que se acuerda en el marco de una pieza del caso Tándem que sigue bajo secreto de sumario y de la que pocas noticias han trascendido desde la apertura de la misma el pasado año. Lo que los investigadores tratan de dilucidar en esta parte concreta de la macrocausa de espionaje es, por un lado, todo lo relativo al robo del teléfono de la asesora de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Ello podría guardar relación directa con la redacción del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), sobre financiación irregular de Podemos. Al respecto, el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño (alias 'El Gordo') atribuyó la redacción de este documento al comisario Andrés Gómez Gordo, exasesor de María Dolores de Cospedal.
El pasado mes de marzo, el magistrado al frente de la investigación, Manuel García Castellón, ofreció a Pablo Iglesias la personación como perjudicado tras analizar el contenido de todos los documentos incautados al comisario jubilado así como a su socio, el abogado Rafael Redondo. En su declaración, el líder de la formación podemita que podría convertirse esta próxima semana en vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, se pronunció acerca del robo que sufrió en 2015 su entonces estrecha colaboradora, pero no solo eso sino que fue más allá y denunció que, a raíz de todo el material encontrado en el interior del móvil, fabricaron una serie de pruebas falsas en aras a evitar el auge del partido y de su carrera política en un momento en el que había renunciado a su acta como diputado europeo para postularse como candidato a la presidencia.
Por ello, y según fuentes jurídicas consultadas por este diario, Iglesias se refirió también al supuesto informe relativo al pago que habría efectuado el Gobierno de Nicolás Maduro a Iglesias en 2014 en las Islas Granadinas (consideradas como paraíso fiscal). Todo lo relacionado con la documentación extraída del móvil de Dina forma parte del material que se investiga en esta pieza concreta y sobre el que se acaba de autorizar una nueva copia de seguridad ante el hallazgo de doce errores "involuntarios", según recalca el magistrado Abascal, el cual atribuye la tarea a expertos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia.
La postura de Podemos
De este modo, el juez da luz verde a una nueva copia del dispositivo B9 (disco duro de 320 gb de la marca Western Digital) el cual ya se clonó en julio del año pasado y al mes siguiente. Para ello acuerda también entregarlo a Asuntos Internos por ser la que está al frente de la investigación sobre los presuntos trabajos parapoliciales de Villarejo. "La búsqueda y análisis de esta información está directamente orientada a la localización de documentos y archivos que alberguen información relacionada con el referido proyecto de investigación, inteligencia gestión de crisis (...) cuyo análisis se hace imprescindible para poder aclarar los hechos sucedidos", reza el escrito del magistrado Abascal.
La defensa de Iglesias, por su parte, solicitó una batería de diligencias a la Audiencia Nacional tras su declaración judicial, una de las cuáles tenía relación directa con todos los pormenores relacionados con el famoso informe Pisa en aras a esclarecer el origen del mismo. El magistrado instructor denegó las peticiones al apuntar que todo lo relativo al documento-que se vincula con la Dirección Adjunta Operativa (DAO) a cuyo frente estuvo Eugenio Pino- no se investiga en la pieza décima del caso Tándem, aunque hay trabajos de la Policía Judicial sobre el informe Pisa que sí constan en la causa principal. Villarejo, por su parte, sí admitió en su declaración en la Audiencia Nacional el pasado mes de marzo que se recabó información personal de Iglesias pero no lo enmarcó en ninguna campaña de desprestigio.
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