El Tribunal Supremo ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Nacional de cuatro años y medio de cárcel para Rodrigo Rato por el caso de las tarjetas ‘black’ y le reprocha que mantuviera en Bankia un sistema "pervertido en su origen" que hizo que el resto de acusados por esta práctica actuaran "como si fueran los dueños del dinero" de Caja Madrid.
Las penas, que oscilan entre los cuatro meses de prisión y los cuatro años y medio para el expresidente de Bankia, varían para algunos de los condenados que consignaron las cuantías gastadas con las visas opacas, al estimar el Supremo la atenuante de reparación del daño. El mejor parado es Ildefonso Sánchez Barcoj, exdirector general de Auditoría, Medios y Financiero en Caja Madrid a quien le reducen la pena de dos años y medio de cárcel a un año menos un día.
No obstante, en su resolución de 456 folios, el tribunal ratifica las líneas maestras de la sentencia que dictó la Audiencia Nacional en febrero de 2017, y confirma la comisión del delito de apropiación indebida para otros 63 exdirectivos y exmiembros de la caja extinta que se beneficiaron de estas tarjetas, las cuáles nacieron bajo un acuerdo del Consejo de Administración en 1988.
De esta forma, los magistrados del alto tribunal distinguen entre el papel de los presidentes ejecutivos; esto es, el fallecido Miguel Blesa al frente de Caja Madrid y Rato en calidad de presidente de Bankia, y el resto de altos cargos que disfrutaron de estas visas opacas al fisco. Sobre estos últimos destacan que son cooperadores necesarios de apropiación indebida y que tenían la posibilidad de no utilizarla (como hizo Francisco Verdú, único directivo que rechazó emplearla).
"No es posible aceptar que actuaran creyendo que el presidente ejecutivo tenía facultades para disponer de esa forma del dinero de la entidad", exponen los magistrados en la resolución y añaden que "ninguna persona, con una formación mínima, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias, que funcionaban con tal grado de ocultación, pudieran estar justificadas en las normas aplicables".
Quince condenados podrían ingresar en prisión
Junto con el exvicpresidente económico del Gobierno hay otros catorce exdirectivos que, al sumar una condena superior a los dos años de prisión, podrían ingresar en la cárcel en caso de que el tribunal enjuiciador de la Audiencia Nacional acordara la ejecución inmediata de la condena.
Estos son: el exvicepresidente de la caja José Antonio Moral Santín, para el que se ratifica condena de cuatro años de prisión; Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez-Ponga, Antonio Romero, Jorge Gómez (tres años y dos meses), José María de la Riva, Rodolfo Benito y Gonzalo Martín Pascual (tres años de cárcel). Igualmente se incluyen en esta lista Rubén Cruz Orive, Antonio del Rey de Viñas, Javier de Miguel Sánchez, Eugenio Gómez del Pulgar, Francisco José Pérez Hernández y Miguel Abejón.
Curiosamente, el tribunal rebaja la pena un día de cárcel a José Manuel Fernández Norniella, Ramón Espinar, Ricardo Romero de Tejada, Mercedes Gallego, Ignacio de Navasqües Cobián, Matías Amat Roca, Antonio Cámara Eguinoa, Pablo Abejas Juárez, Carmen Cafranga Cavestany, Ramón Ferraz Recarte y Carlos María Martínez Martínez, que suman todos ellos un año de prisión menos un día. Misma atenuante se aplica a los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández, cuya condena en firme es de seis meses de prisión menos un día.
Cinco meses de deliberación
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Miguel Colmenero, se conoce cuatro meses después de que el alto tribunal estudiara los recursos de casación interpuestos contra la resolución de la Audiencia Nacional. De esta forma, mes a mes desde el pasado mayo, los magistrados han ido prorrogando su veredicto final ante la “complejidad” de la causa.
En febrero de 2017, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal condenó por delito de apropiación indebida a los 65 acusados que cargaron a sus visas gastos personales como comidas, viajes, regalos y artículos de lujo. El tribunal presidido por Ángela Murillo concluyó que se trató de un beneficio ilícito y acusó concretamente al fallecido Miguel Blesa y a Rato de “lealtad quebrada” y de haber dilapidado el patrimonio de la caja, al tratarse de una práctica que costó 12 millones de euros.
El fallo se conoció apenas cinco meses después de la celebración de la vista oral de esta pieza separada del caso 'Bankia'. Se trató de uno de los juicios más mediáticos y que más interés despertó al sentar en el banquillo de los acusados a personalidades del mundo de la política y la banca como el propio Rato o el expresidente de Caja Madrid, el fallecido Miguel Blesa; además de representantes de la patronal como Arturo Fernández, Gerardo Díaz Ferrán; empresarios como Javier López Madrid o de partidos políticos como Moral Santín (IU), Virgilio Zapatero (PSOE) y hasta el exjefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios