"Ya que el escrito tiene tantos errores y falsedades no voy a contestar a la Fiscalía". De esta forma, ha arrancado Sandro Rosell su interrogatorio ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga por integrar una presunta red de blanqueo de capitales con fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB). Sin dejar de hacer alusiones directas a la acusación del Ministerio Fiscal, Rosell ha negado cualquier irregularidad en la firma del contrato entre la empresa de capital árabe International Sports Events (ISE) y la Confederación Brasileña en la cual actuó como mediador. "No hubo comisiones. Ni legales ni ilegales. Lo único que hubo fue una retribución a empresa", ha dicho después de aclarar que se acordó el pago de 8,3 millones de dólares si se lograban los objetivos alcanzados.
El acuerdo en cuestión, rubricado en el año 2006, consistió en la compraventa de los derechos audiovisuales de 24 partidos amistosos de la Federación Brasileña y con el que los seis integrantes de esta trama habrían desviado 19,9 millones de euros, de acuerdo con el escrito de la Fiscalía, que les atribuye los delitos de blanqueo de capitales y de organización criminal. "Fue exitoso para todo el mundo: para nosotros, para Brasil y para ISE, que duplicó o triplicó beneficios", ha dicho Rosell defendiendo igualmente el papel de su interlocutor directo en estas negociaciones: el expresidente de la CBF, Ricardo Terra Teixeira, investigado por estos mismos hechos en Brasil. Tres años después rescindió el contrato con motivo de su carrera a la presidencia del Fútbol Club Barcelona.
La cuestión relativa a sus honorarios también le ha servido a Rosell para disparar contra la Fiscalía asegurando que nunca percibió los 8,3 millones de euros acordados, sino una cantidad inicial de 2,5 millones de euros y luego 3,3 millones de euros más en pagos fraccionados de 250.000 por cada partido jugado. Dicha cuantía la canalizó a través de transferencias bancarias a Andorra a nombre de Uptrend Developments, cuya titularidad ostentaba con su exsocio, el también acusado Joan Besolí. Precisamente, el Ministerio Público pone a esta mercantil en el epicentro del desvío de fondos ya que se habría utilizado como sociedad pantalla para canalizar los cobros procedentes de la empresa árabe y, a su vez, hacer llegar parte de ellos a Teixeira.
Caza de brujas por su campaña a la presidencia del Barça
"Esto es absolutamente falso. "¿Cómo se puede pagar comisiones a alguien que te paga más dinero a ti que tú a él? Si es que es de locos?", ha espetado el exdirectivo del Barça sobre este punto. No obstante, a preguntas de su letrado Pau Molins ha reconocido que montó la sociedad en Andorra "por razones fiscales", aunque cuando se presentó a la presidencia del club en 2010 decidió hacer la declaración voluntaria de beneficios y dividendos de Uptrend por recomendación expresa. "La Agencia Tributaria tenía absoluto conocimiento", ha apostillado.
Consciente del interés mediático que levanta su interrogatorio -al tratarse de la primera vez que se pronuncia sobre este asunto por encontrarse en prisión provisional- Rosell no solo ha atacado a la acusación sino que también ha hecho especial mención a todas las trabas que se encontró en su camino a la presidencia del Barça. De hecho, ha asegurado que desde ese momento ha tenido más de 50 inspecciones fiscales él y su pareja Marta Pineda, también acusada en el procedimiento. Por se motivo no solo rescindió su contrato con ISE sino que también vendió su empresa BSM, de la que era cotitular con Pineda y que ha definido como un "pequeñita pero un bombón".
"Todo mi patrimonio está en España"
Ya al término de su intervención, el principal acusado de esta trama bautizada como 'Rimet' ha apuntado que todo su patrimonio está en España a excepción de un apartamento que posee en Andorra al cincuenta por ciento. Así, ha hecho referencia al tiempo que lleva en prisión -desde el 25 de mayo de 2017- para asegurar que en este 'impasse' vendió una sociedad de la que era titular "junto con otros compañeros de Nike" y repatrió los 1,5 millones de euros que obtuvo de la operación para depositarlos en la Audiencia Nacional.
En lo que respecta a las cuestiones previas, la magistrada Concepción Espejel, presidenta del tribunal, ha admitido todas las pruebas periciales y documentales entregadas este lunes por las partes, a la par que ha reivindicado la competencia de este órgano para enjuiciar los hechos relacionados con esta presunta red de blanqueo de capitales. Igualmente, ha negado que se produzca indefensión con la situación de prisión provisional tanto de Sandro Rosell como de su socio Joan Besolí, asegurando que el tribunal nunca ha entorpecido las comunicaciones de ambos con sus letrados y sus familiares. Por su parte, el fiscal del caso, José Javier Polo, ha renunciado a las testificales de siete policías y otros miembros de la Guardia Civil.
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