El Ministerio del Interior ha hecho pública esta semana la licitación de los dos principales contratos para garantizar los procesos electorales que se celebrarán el próximo año, cuyo punto de partida serán las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2023. Los pliegos para la adquisición de cabinas, sobres y soportes señalizadores de locales y mesas electorales y para la obtención y difusión provisional de los datos del escrutinios se presentan con el tiempo de en contra y después de múltiples errores, rectificaciones y contratiempos, como ya adelantó La Información.
El más importante y 'sensible' de estos contratos, el que tiene que ver con el recuento de votos, fue anulado tras ser anunciado antes del verano y el pasado miércoles se hizo pública otra licitación, que ayer -viernes-fue nuevamente rectificada. En total son 36,3 millones de euros y el plazo para presentar las ofertas para optar al contrato, abierto y a partir de un acuerdo marco, acaba en apenas dos semanas, un tiempo muy limitado para la importancia de la licitación. El acuerdo marco permite agilizar las adjudicaciones de contratos entre los aspirantes preseleccionados, pero en cualquier caso, el tiempo juega en contra.
El contrato, previsto para los próximos cuatro años, servirá para dar cobertura, según la memoria justificativa, a las elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2023; las generales, que tendrán lugar en noviembre del próximo año, y los comicios para elegir los diputados del Parlamento Europeo, previstos para mayo de 2024. Interior adjudicó el recuento electoral de los comicios generales del 10 de noviembre de 2019 a Indra, que se impuso a Scytl, que ganó el concurso de las europeas y municipales. Las dos compañías habían suscrito un acuerdo marco con el departamento que capitanea ahora Fernando Grande-Marlaska que las obligaba a presentarse a los concursos de las elecciones, pero la tecnológica catalana, comprada por la irlandesa Paragon tras el concurso de acreedores, fue expulsada de la gestión del escrutinio y la difusión de los datos en el nuevo ciclo electoral. Interior decidió romper la relación con la catalana por las "deficiencias" en la prestación del servicio en las elecciones municipales de 2018. Además también apreció un "grave incumplimiento" en las condiciones económicas pues superó el precio máximo.
Al margen de las elecciones generales y municipales de 2023 y de las europeas de 2024, las comunidades que ya han empezado a licitar y ejecutar contratos
Hasta las generales de 2015, Indra, una multinacional tecnológica semipública sobre la que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) elevará su participación hasta el 28%, se había hecho cargo de todos los procesos electorales gestionados por el Ministerio del Interior. Fue en esa fecha en la que irrumpió Scytl, con precios a la baja. Al margen de las elecciones generales y municipales de 2023 y de las europeas de 2024, las comunidades autónomas que tienen comicios el próximo ejercicio ya han empezado a licitar y ejecutar contratos. La Comunidad Valenciana tiene previsto adjudicar a Indra el proceso por 1,3 millones de euros, tras quedar fuera la empresa española Centro de Cálculo y Aplicaciones Informáticas (Odec). Mientras, Aragón y Cantabria ya han lanzado los procedimientos formales.
Compra de urnas y sobres
El otro gran contrato electoral, dado a conocer el pasado jueves, que contempla la adquisición de cabinas y soportes señalizadores de locales y mesas electorales así como de sobres electorales con motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares, tiene un valor de 5,8 millones de euros. La licitación prevé la licitación de dos lotes, que quedaron desiertos en la anterior convocatoria. La vigencia, en este caso, está prevista para dos años, según contempla el pliego, y fecha límite para presentar ofertas es el próximo 4 de noviembre.
Los plazos para que todo salga adelante el próximo 28 de mayo, día en el que se celebrarán comicios locales además de autonómicos en 13 regiones -todas excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco-, están muy ajustados. E l anterior acuerdo marco firmado en el año 2018 necesitó cuatro meses desde el primer anuncio de licitación y la adjudicación definitiva. Sin embargo, el proceso no acaba ahí ya que para cada uno de los comicios debe ejecutarse un procedimiento más rápido para elegir entre las diferentes empresas elegidas.
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