La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha confirmado en el programa 'Al Rojo Vivo' que tras conseguir la sanidad pública universal, su siguiente paso es eliminar el copago farmacéutico a los pensionistas. Aun así, esta medida no irá de momento en el nuevo Real Decreto contra la exclusión sanitaria que se aprobará en semanas sino en uno posterior.
La ministra, en dicho programa, señalaba que "el compromiso es recuperar todos los derechos arrebatados. El copago es uno de ellos y, por tanto, en ese trabajo nos hemos puesto. La primera prioridad es devolver la asistencia sanitaria universal a todas las personas que están en España y después, ir paso a paso, a recuperar todos los derechos arrebatados. Por tanto, concluye que "está en el objetivo recuperar el copago farmacéutico y hablaremos con Comunidades Autónomas, en un proceso dialogado en el foro adecuado, que es el Consejo Interterritorial".
El nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez no derogará de una sola vez la normativa impuesta por la entonces ministra, Ana Mato, a través del Real Decreto 16/2012. Una ley que le cuesta a cada pensionista 120 euros al año, según la Asociación Acceso Justo al Medicamento, y que fue censurada por la Comisión Europea. Desde hace seis años, no se les cobraba por las medicinas pero el cambio legislativo supuso una fuente 'extra' de ingresos para las arcas públicas de alrededor de 400 millones de euros al año.
El Gobierno decidía, por aquel entonces, cuatro franjas de pago: 0%, si se trata de pensiones no contributivas o mínimas; el 10% con un máximo de 8 euros al mes si se ingresan hasta 22.000 euros al año o un límite de 18 euros mensuales si se ingresa entre 18.001 y 100.000 euros, y el 20% hasta los 60 euros al mes si se ingresan por encima de dicho límite. "La estimación del gasto que han soportado los bolsillos de los 8.698.160 pensionistas y sus beneficiarios en copagos, a partir de los datos de las comunidades autónomas, asciende a 592 millones euros en 2017", según destacaba la asociación.
Carmen Montón, ministra de Sanidad en el nuevo Gobierno, ya optaba por retirar dicho copago farmacéutico a los colectivos más vulnerables siendo consellera en Valencia, por lo que busca trasladar dicha actuación regional a nivel nacional. "Mientras damos un giro de 180 grados a las políticas sanitarias, seguimos exigiendo la derogación del Real Decreto 16/2012 porque no ha demostrado el supuesto ahorro económico en el que se amparó para ver la luz, sino que se ha constatado el sufrimiento y pérdida de la salud de la población. Los recortes y copagos no funcionan como ahorro, sino que afectan a la calidad, seguridad clínica y producen discriminación en el acceso e inequidades", proclamaba.
Sanidad pública universal
Esta medida se sumaría, meses más tarde, a la devolución de la atención sanitaria a inmigrantes 'sin papeles' que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba la semana pasada en el Consejo de Ministros. La medida tendrá un coste mínimo para el Ejecutivo, por lo que se trata de una medida cosmética del Gobierno.
La reinstauración de la sanidad universal se producirá en el plazo de un mes y medio. El Ejecutivo popular, con la cartera de Sanidad en manos de Ana Mato, decidió eliminarla en el año 2012 al considerar que podría ahorrar "hasta 500 millones de euros". Mato también afirmó que "con eso y un mayor control de la atención que reciben los residentes extranjeros", se esperaba ahorrar "otros 971 millones".
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