El acuerdo se anunció a bombo y platillo el 11 de octubre. Después de varios meses de tiras y aflojas, el Gobierno de Pedro Sánchez y el equipo negociador de Unidos Podemos lograron presentar una propuesta fiscal común para sustentar los incrementos de gasto que se preveían en el proyecto de Presupuestos para 2019. Unidos Podemos consiguió finalmente introducir nuevas penalizaciones fiscales para los llamados 'ricos': un tipo incrementado del 47% en el IRPF (el tipo máximo estándar está hoy en el 45%) para las rentas de entre 130.000 y 300.000 euros; y un tipo incrementado del 49% para los que declararan más de 300.000 euros en un ejercicio completo - lo que alcanzaría a unos 100.000 contribuyentes -; una subida de un punto en el Impuesto de Patrimonio para los contribuyentes con un patrimonio declarado superior a los 10 millones de euros; y una penalización adicional también para las socimis, que arrastran la sospecha de ser un 'vehículo premium' para reducir la factura fiscal de las grandes fortunas.
El esquema surgió de la cesión del Gobierno socialista, que era mucho menos ambicioso en sus planes fiscales con el IRPF, no se planteaba grandes cambios en el Impuesto de Patrimonio y se había convencido de la necesidad de no tocar el esquema fiscal de las socimis, grandes protagonistas del resurgir del mercado inmobiliario en España.
Ya sin esa presión por sacar adelante al menos un proyecto de Presupuestos que presentar a la Cámara, el PSOE ha decidido desentenderse de ese 'paquete fiscal' acordado hace casi un año con Unidos Podemos y liquidar de su propuesta final para alcanzar un acuerdo programático con la formación liderada por Pablo Iglesias todas esas medidas de las que no estaba convencido y que finalmente incluyó en su propuesta de Presupuestos para contentar a la extrema izquierda.
En el 'Programa Común Progresista' presentado este martes por el presidente del Gobierno en funciones no hay ni rastro de subidas en el IRPF, de penalizaciones a las grandes fortunas en el Impuesto de Patrimonio ni de peajes fiscales a las socimis en el segmento de medidas de naturaleza tributaria. El PSOE aboga por sus medidas de bandera: la imposición de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades (del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos), la puesta en marcha del controvertido impuesto a las tecnológicas y la aprobación de un nuevo Impuesto a las Transacciones Financieras.
Curiosamente, el documento de negociación presentado la semana pasada por Podemos sí incluía ese 'pack fiscal' sobre las rentas altas y las grandes fortunas, en los mismos términos en los que se incluyó en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado de 2019, no en los términos en que la formación de Pablo Iglesias los había planteado inicialmente cuando se empezó a negociar el acuerdo presupuestario. Al menos, en ese ámbito la invitación al pacto de la formación morada parece no haber sido recogida por el PSOE.
Adiós al gravamen sobre los beneficios no repartidos por las socimis
Otra de las medidas que ha desaparecido del documento de medidas del PSOE con respecto a lo pactado entre los socialistas y Podemos para la aprobación de los Presupuestos es la relativa a la fiscalidad de las socimis. Estos vehículos de inversión en el mercado inmobiliario han estado desde el inicio en el punto de mira de los morados y el aumento de sus impuestos era uno de los requisitos indispensables para llegar a un acuerdo.
En concreto, en el documento del pasado octubre, por el que se llegaba a un acuerdo de cara a los Presupuestos Generales del Estado, ambos partidos habían pactado gravar a este tipo de empresas con un 15% en la partida de beneficios no distribuidos, es decir, aquella que sirve para capitalizar las compañías más allá del reparto de dividendos por el que ya se tributa un 25%. En este nuevo documento de 370 medidas presentado este mismo martes, Pedro Sánchez no ha incluido mención alguna a este tipo de sociedades que sí recogía Pablo Iglesias en el documento que la semana pasada hacía público como su última propuesta para llegar a un acuerdo para un gobierno de coalición.
Además de la puesta en marcha de este gravamen, los morados también proponían una reforma del régimen jurídico y fiscal de las socimi con el objetivo de que dichas empresas colaboren en el incremento de la oferta de vivienda a un precio asequible. En cambio, esta medida no ha sido desgajada por los de Unidas Podemos ni mencionada por los socialistas, pero ya se ha ganado el rechazo del sector que recuerda que la mayor parte de sus activos no son de naturaleza residencial.
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