Pedro Sánchez volverá este fin de semana a La Moncloa desde Quintos de Mora con una perspectiva a corto y medio plazo muy diferente a la que se enfrentaba hace solo una semana, cuando retornó de Doñana junto a su familia. Entre el miércoles y el viernes pasados el presidente del Gobierno consiguió encauzar la legislatura y alejar el fantasma de unas elecciones anticipadas. Fueron 48 horas de infarto previas a un sábado algo diferente para los integrantes del Consejo de Ministros: un 'encierro' en los Montes de Toledo para preparar la estrategia de cara al otoño caliente que se avecina, especialmente en materia económica.
Este 'retiro' en la finca castellano-manchega ha servido al Gobierno de Sánchez para perfilar temas que serán centrales en la agenda política durante los próximos meses: la negociación bilateral con Cataluña (el equipo del presidente reconoce que la clave principal de la legislatura se juega en esta comunidad), el posible adelanto electoral en Andalucía (que serán las primeras elecciones a las que se enfrente el PSOE con Sánchez en La Moncloa), las citas con las urnas en autonómicas, municipales y europeas de mayo del año que viene y, en materia económica, la configuración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, que serán los primeros que diseñen los socialistas y que les garantizarán completar la legislatura.
Sánchez ya puede respirar tranquilo porque prácticamente tiene la legislatura en el bolsillo y ahora a su Gobierno solo le queda rematar la negociación para sacar adelante las cuentas públicas a lo largo de los próximos meses. El primer paso se dará en cuestión días cuando el Congreso convoque un pleno para aprobar la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Los socialistas ya tienen los votos favorables de Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV y Compromís, por lo que la proposición de ley que se saltará el veto del Senado saldrá adelante. De esta forma, PP y Ciudadanos quedarán aislados.
Con las negociaciones protagonizadas en las últimas 48 horas el Gobierno de Sánchez ha dejado claro con quién quiere aliarse para desarrollar su política económica. Sus socios a partir de ahora serán los mismos que votaron a favor de la moción de censura y desalojaron a Rajoy de La Moncloa el pasado 1 de junio. Y con ellos pretende llegar hasta 2020 sin convocar elecciones anticipadas.
Las 48 horas que cambiaron la legislatura
El lunes 20 de agosto la legislatura parecía haber encallado. Ese día el Gobierno había dado respuesta oficial a Unidos Podemos sobre su propuesta para aprobar el techo de gasto y la senda de déficit y el horizonte no parecía nada halagüeño. Txema Guijarro, portavoz adjunto del grupo confederal, lo dijo en rueda de prensa: "No están dispuestos a modificar la Ley de Estabilidad, lo que nos parece bastante desorientador; sin eso va a ser difícil que iniciemos una negociación".
Pero el miércoles 22 por la mañana la situación dio un giro de 180 grados. Pedro Sánchez descolgó el teléfono y llamó a Pablo Iglesias para mostrarle su disposición a negociar de manera profunda. Hablaron durante un largo periodo de tiempo y acordaron avanzar en la modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Durante todo el verano los dos líderes habían mantenido conversaciones telefónicas con relativa asiduidad, pero la del miércoles fue el intercambio más intenso y en el que más se avanzó. Ya por la tarde la ministra de Hacienda se reunió con un equipo de Unidos Podemos para concretar cómo modificar el artículo 15 de la citada ley y salvar el veto del PP en el Senado.
De forma paralela, Sánchez mantuvo contactos con los independentistas catalanes. En concreto, habló con Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y máximo responsable del Govern en asuntos económicos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, completó la negociación con el Ejecutivo catalán. Tras estos contactos, tanto ERC como PDeCAT mostraron su disposición a aprobar la reforma de la Ley de Estabilidad y comenzar a hablar de la aprobación de los Presupuestos de 2019.
Por último, con Compromís el negociador fue triple. Por un lado, Unidos Podemos, socios de los valencianos, transmitió que debían sumarse a la Proposición de Ley. Por otro lado, Rafael Simancas, secretario general del grupo socialista en el Congreso, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interlocutaron con Joan Baldoví y con Vicent Soler, consejero del ramo en la Generalitat valenciana, respectivamente. Así se garantizó el Gobierno su mayoría absoluta: 177 síes, suficientes para continuar caminando de la mano hasta 2020.
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